Las causas judiciales relacionadas con el orden territorial, más popularmente conocidos como delitos urbanísticos, han crecido en España un 26,12% el año anterior, una subida diez veces mayor que la media registrada en 2007, según la memoria anual del Ministerio Fiscal.

como el urbanístico, contra la propiedad intelectual, blanqueo de dinero o las muertes por accidente laboral - que se están investigando judicialmente mucho más que antes.

"Hay determinados tipos de conductas antijurídicas que no son en absoluto nuevas (...) que sin embargo en los últimos tiempos están obteniendo tratamiento y respuesta judicial con una intensidad absolutamente inusitada en el pasado", dijo Conde-Pumpido en el Palacio de las Salesas en Madrid.

En 2007, el número de procedimientos judiciales registrados había aumentado un 2,8 por ciento, con un total de 4,52 millones de causas abiertas por delito.

"Hemos sobrepasado, por tanto, la barrera de los cuatro millones y medio, aunque esa cifra frena claramente la tendencia al ascenso de los dos ejercicios previos, que registraron subidas del 3,54 % en 2005, y el 4,12 % en 2006", dijo Conde-Pumpido, que acomete su segundo y último mandato al frente de los fiscales, cuyo órgano se ha visto radicalmente transformado en el último año con la búsqueda de una mayor especialización de sus miembros, entre otras cosas.

En líneas generales, los delitos comunes contra el patrimonio y el orden socioeconómico siguen acaparando la mitad (50,42%) del trabajo de los jueces, y frente al retroceso del año anterior se ha producido un repunte de los delitos dolosos contra la vida, en torno a un 5,4 por ciento.

Sin embargo, la persecución de la actividad terrorista sigue siendo una de las prioridades de la Justicia española, que en 2007 practicó 181 detenciones por su relación con ella.

"La Fiscalía formuló acusación contra 133 integrantes de grupos terroristas y contra otros 178 acusados de colaboración con banda armada", dijo la memoria.

Conde-Pumpido destacó entre los 59 juicios celebrados en esta materia el proceso EKIN, que culminó con una sentencia condenatoria contra uno de los entramados más determinantes en tareas de apoyo y cobertura de ETA (que se encuentra pendiente de la decisión última del Tribunal Supremo), así como la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV).

El macrojuicio del 11-M por el que se condenó a 18 personas por los atentados en los trenes de cercanías de Atocha, también fue recordado especialmente por el fiscal general como un rotundo triunfo del Estado de Derecho y de la Justicia.

"La Justicia española ha sabido dar al más grave atentado terrorista de nuestra historia, una respuesta razonada en un tiempo razonable", dijo.

NUEVO PRESIDENTE DEL CGPJ

Con el recuerdo al brigada Luis Conde asesinado hace una semana en un atentado terrorista empezó su discurso el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, en cuyo nombramiento han coincidido el PSOE y el PP tras mucho meses de discrepancias en esta materia de justicia.

"Después de tantos años en la Audiencia Nacional, no me acostumbro al sufrimiento de las víctimas y su pesar es algo que me acompaña siempre", dijo Dívar al inicio de su esperada intervención en la apertura formal de los tribunales de justicia.

Dívar quiso lanzar un mensaje de confianza a la sociedad en la labor de la justicia, y defendió la competencia y eficacia de la judicatura.

""Vengo con sincera humildad y con prudencia en mi corazón, como deben afrontarse todas las grandes responsabilidades de esta vida", dijo.