La defensa aduce que las clínicas superaron todos los controles

Los seis detenidos por haber practicado presuntamente abortos ilegales en cuatro clínicas de Barcelona pasaron ayer a disposición judicial. Al cierre de esta edición, la juez todavía no había tomado una decisión sobre el destino de los acusados. El abogado de éstos esgrimió que las clínicas han pasado los preceptivos controles de la Administración.

Estos controles son exhaustivos y hacen difícil pensar que los centros pudieran tener máquinas para triturar residuos humanos: "Se solicita un permiso que acredite a un centro como clínica abortista autorizada. Al cabo de dos o tres meses, se pide una autorización provisional. Unos tres meses después, se obtiene la autorización definitiva que deberá ser renovada más adelante.

Todos estos pasos burocráticos requieren un exhaustivo control: titulaciones, contratos, relación con los externos, revisión de las instalaciones, de los medios..." Lo explica Empar Pineda, portavoz de la clínica Isadora de Madrid, una de las 30 acreditadas para realizar interrupciones de embarazos.

Sin rastro de trituradoras

Fuentes cercanas a la Guardia Civil insistieron ayer en que los registros en cuatro clínicas que presuntamente realizaron abortos ilegales en Barcelona no han aportado ninguna prueba de la existencia de esos aparatos. Según estas fuentes, en los centros se realizaban hasta 300 abortos al mes.

Estas clínicas tienen sistemas muy controlados para deshacerse de los residuos de abortos. "Los restos de hasta las 16 semanas", explica Pineda, "se almacenan en congeladores, donde pasan a recogerlos las empresas especializadas, que los llevan a plantas de tratamiento". Cuando los fetos son de más de 16 semanas, son los Servicios Funerarios los que se encargan.

La ley, que marca un máximo de 22 semanas en el plazo para abortar en caso de que el feto tenga riesgo de malformaciones, no establece límite de tiempo si la madre corre riesgo físico o psíquico.

Sin embargo, en casi todos los países europeos está asumido implícitamente que a partir de las 26 semanas un feto tiene posibilidades de nacer vivo. Por lo tanto, no se suele practicar abortos más allá de ese periodo de gestación. "No hace mucho, los niños sietemesinos se morían", recuerda Pineda.

Sin perfil claro

No se puede trazar un perfil de la paciente que aborta. "Aquí se realizan más de 200 abortos al mes y vienen mujeres de todo tipo", explica Empar, coincidiendo con trabajadoras de otras clínicas. "Españolas de cualquier edad, clase social y raza, extranjeras, inmigrantes... Para las rumanas abortar es algo normal: en la época de Ceaucescu el aborto era un método anticonceptivo...".

Por supuesto, también se pasan por las clínicas embarazadas de más de 22 semanas. "Lo más grave es que hay mujeres que se han percatado de que el feto tiene malformaciones una vez han superado las 22 semanas de gestación porque sus médicos no les han hecho las ecografías a tiempo". Es posible que algunas de estas mujeres hayan acabado en clínicas ilegales... "No lo sabemos, les perdemos totalmente la pista", asegura Empar.

Los precios de las intervenciones no tienen nada que ver con los 4.000 euros que pedían los ginecólogos a las órdenes de Carlos Morin. "Según el estado de gestación de la paciente, va desde los 320 a los 1.500 euros, cuantía que incluye, en este caso, la hospitalización y todos los servicios".