Un cura reincidente, juzgado por abusos a cuatro menores

Las cuatro alumnas menores de edad que denunciaron por abusos sexuales al sacerdote de Igualada (Barcelona), Gregorio S., vieron ayer como los forenses les daban la razón, al afirmar ante el tribunal que los relatos de las niñas son completamenteverosímiles.

Se da el caso de que el párroco, maestro de religión del colegio Gabriel Castellà de Igualada, ya cuenta con una condena firme de dos años de prisión por haber abusado sexualmente de una feligresa discapacitada cuando era sacerdote en la parroquia de Fátima, en la misma localidad. En aquella ocasión no entró en la cárcel porque carecía deantecedentes.

La Fiscalía pide ahora para el sacerdote una pena de cinco años y dos meses de cárcel por haber abusado sexualmente de manera continuada de dos alumnas del colegio Gabriel Castellà. Además, en la causa se han presentado como acusación particular los padres de dos alumnas del mismo colegio, que también denunciaron tocamientos por parte del párroco, por lo que le piden otros cinco años de prisión.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular mantuvieron ayer, último día de juicio, las peticiones de pena, puesto que las declaraciones de los forenses confirmaron que las menores no habían fabulado en sus relatos sobre los abusos que les infligióel sacerdote.

No obstante, el perito forense que aportó el abogado del acusado afirmó que el perfil psicológico del sacerdote no concuerda con el de un abusador sexual, a pesar de los antecedentesque acumula.

El papel de la Iglesia

El párroco fue condenado en 2006 por abusos a una feligresa después de no querer someterse a la prueba de ADN para cotejar el origen del semen hallado en los pantalones de la víctima.

A pesar de que el sacerdote estaba inmerso en un proceso judicial por abusos sexuales, la Diócesis de Vic (Barcelona) no quiso retirarlo del servicio y lo mantuvo como profesor de religión.No fue hasta 2004 cuando la Generalitat lo inhabilitó para ejercer la docencia debido a las denuncias de las cuatro menores.

La acusación particular afirma que no se habrían dado los abusos si la Iglesia hubiera apartado al sacerdote de la docencia y solicitan que se declare a la Iglesia responsable civil subsidiaria.