El sacerdote que denunció al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha recurrido la sentencia por la que el prelado fue condenado a una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias para que se eleve la pena, al considerar que cometió los delitos de calumnias e injurias.

El abogado del cura, Rafael López Guarnido, ha explicado hoy a Efe que la sentencia del juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya, fue "extraordinaria" y no pide que "se modifique ni una coma del relato de los hechos", pero que disiente en la valoración de los mismos y en la pena que se le impuso al prelado, el primero de España en sentarse en el banquillo de los acusados.

También el fiscal y la defensa del arzobispo recurrieron en su día el fallo del titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada para pedir su absolución.

López Guarnido ha referido que ha impugnado ambos recursos, mientras que el fiscal y la defensa han hecho lo propio con el de la acusación particular en el que solicita una condena mayor.

El sacerdote Francisco Javier Martínez Medina denunció al arzobispo por injurias, calumnias, acoso moral, lesiones y coacciones, tras lo que el prelado fue condenado a pagar una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias.

En el recurso pide que el prelado sea condenado por un delito de calumnias o injurias y una indemnización de 8.100 euros que se sume a la multa ya impuesta, así como al pago de las costas, que se declararon de oficio, según ha informado hoy "La Opinión de Granada".

En su sentencia, el juez Torres calificó de "peculiar e inusual" el procedimiento y atribuyó el origen de todas las acciones de Martínez contra el cura a la vinculación de éste con CajaSur, con la que el prelado mantenía un enfrentamiento desde que ejerció como arzobispo en Córdoba, especialmente con su presidente, Miguel Castillejo.

Esto fue lo que le llevó, entre otras cosas, a ordenar al querellante que paralizara un libro sobre la Catedral de Granada, de la que era coordinador y que estaba financiado por esa entidad.

En el relato de los hechos, el juez puso de manifiesto cuestiones como la del "poder" del arzobispo y su "utilización" del Cabildo para impedir la publicación del libro.