¿Qué supone para ARCA este primer derribo tras dos décadas de protestas?

Hemos superado una larga fase. Esto no es un capricho de ARCA. La ejecución de las sentencias de derribo debe servir para ayudar a devolver la seriedad al urbanismo de Cantabria. Las normas están para cumplirse. Y cuando hay una sentencia, debe ejecutarse. Esto ayuda además a disuadir a quienes piensan en hacer trampas.

¿Qué le parece que no haya ido nadie a la cárcel, pese a los casos habidos?

En Cantabria ni siquiera ha dimitido un político por un escándalo urbanístico. Hay algunos alcaldes procesados por la vía penal, pero veremos en qué acaban estos casos. No obstante, en Cantabria, como en el resto de España, está extendida la sensación de que el urbanismo ha estado relacionado con la corrupción.

¿Qué retos tiene ahora?

Para nosotros fue muy importante la aprobación, en 2004, del Plan de Ordenación del Litoral. Y ahora exigimos la aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio, que tenía que estar aprobado hace ya ocho años.

¿Cuál cree que es la postura del Gobierno cántabro en este tema?

Con el cambio de la Ley del Suelo, parece que quiere dejar de nuevo el poder de decisión en los alcaldes. Así, el patrimonio rural puede quedar de nuevo en manos de la especulación. Hay que gestionar el suelo según criterios de sostenibilidad. El suelo no está ahí para construir más casas, sino para hacer una política de desarrollo sostenible. Yo soy ecologista porque creo en eso. Si me quedo hasta las dos de la mañana trabajando, lo hago porque no quiero que se hipoteque el futuro de Cantabria con un modelo especulativo.