Una cueva que asesina en nombre de la protección
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Una cueva digna de una versión macabra del cuento de Ali Babá, en la que sus predecesores dicen tener conocimiento y luchar a ultranza —desde sus escaños— contra la violencia de género mientras silencian, con sus siglas, todas las situaciones traumáticas que deberán afrontar las víctimas tras su intento de "salir del circulo de la violencia" junto con sus hijos/as. Eso es el Gobierno, donde con cada cambio de color hemos ido comprobando cómo presuntamente "no salían las cuentas" para luchar contra la violencia machista.
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Hoy dicen desconocer dónde están casi 1.500 millones de euros que se han recortado de los fondos para lucha contra la violencia de género. Pero lejos de buscar responsabilidades, parece ser que el pago también deberán asumirlo las víctimas mediante la reducción de presupuestos.
Todos tienen algo que callar dentro de sus mandatos. Un silencio que oculta gravemente la gran vulneración de derechos que están sufriendo las mujeres y los menores víctimas de lo que hace que a algunos se les llene la boca y, presuntamente, algo más: "víctimas de una gran lacra social llamada violencia de género", proclaman. Sin embargo, desde los Gobiernos varios no han tenido la intención de ponerle freno, salvo para hacer negocio con el dolor mientras embellecen la realidad con sus discursos. Cada día la argumentación es más penosa, por ambas partes. Gobierno y oposición obvian que antes han estado ellos mismos ocupando el poder a nivel provincial, autonómico, local o estatal y que han reproducido las mismas conductas, no notándose un cambio, salvo en las formas de provocar el silenciamiento de la violencia machista.
La bola cada vez se hace más grande y parece ser que, llegados a este punto, la única iniciativa que proponen los gobernantes varios ante esta caza de brujas digna de la época de la Inquisición son castigos ejemplarizantes para las víctimas que las mantendrá cumpliendo cadena perpetua hasta el final de sus días mientras ellos se justifican en su interior: "Ellas tienen la culpa".
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Recuerdo que en el 2010, ante la desesperación de cómo funcionaba el sistema y ya con grandes aberraciones en nuestros expedientes, tres mujeres hablaban de cómo debíamos afrontar el darle voz a la suma de maltratos que se estaban permitiendo (y aún se permiten) en este sin sentido. Defendían heroicamente servicios que encerraban a las mujeres y las desvinculaba del entorno familiar y laboral por el hecho de ser víctimas de violencia de género, mientras dejaban a los agresores libres y sin ningún tipo de restricción. Parecía que todas habíamos estado en la trata de mujeres con mafias detrás de nosotras... Las que tenían órdenes de alejamiento eran controladas en sus casas continuamente por los diferentes cuerpos policiales, quedando marcadas, recordándoles, una y otra vez, a ellas y a todo el vecindario lo que vivieron. Nos dieron teléfonos de localización y hasta alguna pulsera —otras 3.000 las guardaron en almacenes—; generaron Puntos de Encuentro Familiar para obligar a los menores —dejando en muchos menores secuelas irreparables— a relacionarse con quien les torturó bajo el nombre de su papá; generaron servicios psicosociales para evaluar, sin formación específica en la materia y con una gran carencia de medios, el supuesto análisis de maltratadores y abusadores, llegando a inventarse síndromes y enfermedades que sólo generaba la mujer víctima de violencia de género, dejándola indefensa en sede judicial. ¡Cuánto daño hicieron los psicólogos!
Nos hicieron millonarias con 426 euros al mes tras destruir nuestras vidas y nos dejaron indefensas en sede judicial, puesto que los abogados carecían de formación y ética para rechazar casos que no sabían ni quería llevar, haciendo mayor hincapié si existía un enquistamiento de los procesos derivados del nefasto sistema de oficio que nos ofrecían los colegios de abogados. ¡Para todo existía una normativa, un protocolo, un decreto que no se cumplía! Y todo ello acompañado de corporativismo donde primaba el hacer la vista gorda.
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Mujeres de Madrid, León, Galicia, Valencia y Málaga comenzamos a unirnos paulatinamente a las de otras comunidades, generando lo que llamamos Movimiento Grito en Silencio, donde la imagen de la realidad del sistema de desprotección que se nos ofrecía fue representado por caretas blancas con la boca precintada en negro. El 25 de julio de 2010 salimos de Santiago de Compostela —donde le entregamos una carta a la reina, que estaba allí por la celebración del año Xacobeo—, rumbo a Madrid. Tras el viaje inicial tuvimos que entender que los medios de comunicación nos invisibilizaran, y que las asociaciones que supuestamente luchaban contra esto tampoco tenían la intención de visibilizar que las mujeres tenían problemas para denunciar violencia de género en la policía, que los juzgados de violencia no aplicaban la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que la falta de jurisprudencia por lo novedoso de la ley daba paso al ninguneo de diferentes actos, que los abogados y psicólogos carecían de formación y que las mujeres estaban perdiendo a sus hijos e hijas tras intentar protegerlos de la violencia y/o abusos.
En el mismo año decidimos encerrarnos en un local de Madrid cedido por Izquierda Unida "La Tercera " donde aproximadamente una veintena de madres durmieron allí para reclamar los derechos de sus hijos y donde el único avance que obtuvimos fue que: Los medios de comunicación visuales se hicieron eco en todos los telediarios, silenciándonos nuevamente hasta aproximadamente un año y medio .
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Llevamos tres años, casi cuatro, de lucha incansable para visibilizar este deleznable mercadeo político del dolor en mujeres y niños y niñas, donde lejos de avanzar, hemos retrocedido y. Pero en España tampoco hemos tenido ni tenemos la intención de combatirla. Los números son reveladores: un 64% de casos sobreseídos en los juzgados de violencia, donde las víctimas se enfrentan al pago de tasas, custodias hacia presuntos maltratadores, custodias compartidas... No más de un 17% de las mujeres que denuncian reciben alguna ayuda, el índice de órdenes de alejamiento ha bajado considerablemente, las denuncias bajan por causas donde se culpabiliza a la víctima, la visibilización por parte de los medios de comunicación está en séptimo lugar, tenemos el mismo presupuesto en Justicia que para someter a los niños al violento mediante los Puntos de Encuentro Familiar...Y así, así combaten todo ellos, los políticos, la violencia de género. Como quien juega a un Monopoli macabro poniendo en juego vidas de mujeres y niños, compran y venden intereses propios produciendo una de las mayores estafas político-judiciales que, lejos de protegerlas, han convertido a muchas de las supervivientes de esta masacre en expertas asesoras jurídicas con un manual impreso en la piel de cómo sobrevivir siendo las novias e hijos e hijas de la muerte.
Debo recordar que es noviembre y mi discurso, quizá, debería de ser más institucional. Pero las consecuencias de estas puestas en escena han generado demasiado daño irreparable en mujeres, menores y familias de las víctimas como para continuar fomentando el silencio. Aun así, animo a todas las mujeres a que denuncien. Que denuncien, ¡pero todo! Y no sólo por el futuro de ellas, sino por el futuro de miles de menores que reproducirán patrones machistas y violentos por las consecuencias de las decisiones que toman quienes dicen proteger y no protegen. Esperamos que estos señores y señoras algún día se sienten en banquillos por aplicar una ideología que asesinó, ninguneó, silenció y torturó a mujeres sólo por el hecho de ser mujeres: la ideología machista.
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* Gloria Vázquez es la presidenta de la asociación coruñesa de víctimas de maltrato Ve-laluz