El sindicato CSIF denuncia en el Congreso la desprotección de las empleadas públicas que sufren violencia de género

La secretaria de Igualdad del sindicato CSIF, Mª Ángeles Mur, ha puesto de manifiesto la desprotección que, por parte de la Administración, sufren las empleadas públicas que son víctimas de violencia de género, a quienes no se les garantiza la confidencialidad o la facilidad de traslado de su puesto de trabajo.

Durante su intervención en la subcomisión para un pacto contra la violencia de género en el Congreso, Mur ha puesto de manifiesto las carencias que, actualmente, tiene la Administración en este ámbito cuando se trata de la 'empresa' del país con mayor volumen de plantilla y, a su juicio, debería ser "un ámbito ejemplar de las políticas de los diferentes gobiernos" en la lucha contra esta lacra.

Así, ha denunciado que el proceso de petición de traslado o protección de la víctima supone un "exceso de documentación" y que, además, no garantiza la confidencialidad "dado que sus datos personales son públicos y se dispersan en multitud de documentos físicos". Por este motivo, CSIF ha pedido a los miembros de la subcomisión que baste con el número de identificación que poseen los funcionarios para que la mujer pueda sentirse más protegida.

Del mismo modo, han señalado el déficit de formación y sensibilización de los departamentos de personal en materia de violencia de género con movilizaciones de empleadas por esta causa que se "camuflan" en determinados sitios o que no corresponden con las necesidades de la trabajadora. En este sentido, Mur ha relatado el caso de una mujer a la que le concedieron el traslado tres meses y tuvo que recurrir al sindicato para no regresar, después de ese periodo, al mismo lugar donde volvería a correr riesgo.

La secretaria de Igualdad de CSIF ha apuntado, en este caso, la importancia de que mujeres víctimas de violencia puedan acceder al teletrabajo. "La clave de la autonomía de la mujer está en el trabajo, no puede perder su trabajo por el hecho de ser víctima. Ya tiene que renunciar a su vida y a su entorno porque una persona no quiere que viva, como para que también la Administración la revictimice", ha apuntado.

Además, Mur asegura que existen casos en los que a la mujer se le concede el cambio pero no se le mantiene el sueldo o la condiciones laborales o la posibilidad de promoción. "Esto se convierte en un factor que disuade a la hora de solicitar el cambio de puesto", ha apuntado.

Ante esta situación, CSIF reclama un plan integral de movilidad para las empleadas públicas víctimas de violencia de género; un protocolo de actuaciones dirigidas a la prevención y tratamiento de las situaciones de especial protección que afecten a las empleadas en el ámbito de la Administración General del Estado; y que se incorporen medidas de sensibilización, detección y protección de estas trabajadoras.