Costa dice que cuando operaba la trama Gürtel él no era cargo del PP

El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors, comenzó ayer a tomar declaración a los imputados por su presunta vinculación con la trama en el País Valenciano. Los primeros en comparecer fueron Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y Ricardo Costa, secretario general del PP regional, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y mano derecha del presidente autonómico, Francisco Camps.

A Costa se le imputa un presunto delito de cohecho por aceptar más de 7.325 euros en trajes de las empresas de la trama corrupta, encargados entre enero de 2006 y mayo de 2007, aunque el pago se hizo efectivo en julio de 2007. Así lo describe en su auto del 5 de marzo el juez Baltasar Garzón que narra, además, cómo Álvaro Pérez, cabecilla de la trama en Valencia, medió para la compra de un coche nuevo para el secretario general del

A la salida del juzgado, Ricardo Costa comentó a los periodistas algunos de los argumentos que había utilizado para su defensa ante el juez. El más importante de ellos es que los delitos de los que se le acusa tuvieron presuntamente lugar antes de que él alcanzara los cargos que actualmente ostenta: "Yo soy secretario general del PP, como es público y notorio, desde junio de 2007, y portavoz de Las Cortes Valencianas desde abril de 2008, fechas posteriores a los presuntos trajes que se imputan".

Contradicciones

Una afirmación que no se ajusta a la realidad, ya que Costa ocupa cargos públicos desde el año 1995, fecha en la que alcanzó el escaño de diputado autonómico que hoy conserva. En 1999 fue nombrado portavoz adjunto de su grupo parlamentario, labor que ejerció hasta que se convirtió, en 2008, en portavoz. En el PP valenciano, ocupa cargos de responsabilidad desde noviembre de 2004, cuando fue nombrado vicesecretario general.

Costa arguye que es secretario general del PP valenciano desde junio de 2007

Costa aseguró además que sus abogados tienen "todos los elementos probatorios que forman parte de la consistencia de mi declaración". Fuentes del PP valenciano detallaron más tarde que se trata de la documentación que prueba que fue él quien pagó los trajes. El dirigente conservador afirmó que no podía dar más detalles sobre su conversación con el juez por respeto al secreto de sumario y acabó su comparecencia ante la prensa con una autodefensa: "Estoy plenamente convencido de que he actuado en todo momento de acuerdo a la legalidad y mi comportamiento ha sido absolutamente correcto".

Costa compareció ante el juez durante una hora, aproximadamente. Llegó a la sede del Tribunal Superior acompañado de dos de los cuatro vicesecretarios del PP regional. Tras su declaración, una decena de simpatizantes le recibió con gritos de apoyo como "Costa te queremos" o frases de descalificación al PSOE como "Esta es la checa ZP". Una espontánea contrataacó: "¡Trajes para todos!".

Hoy el toca a Camps

El otro citado ante el juez, Víctor Campos, vicepresidente de la Generalitat hasta 2007 y acusado de recibir 4.850 euros en trajes, rechazó hacer declaraciones. Campos fue el primero en declarar ante el juez.

Es diputado regional desde 1995 y desde 1999 ocupa cargos de responsabilidad

En el primer turno de citaciones hecho público el jueves, se establecía que Francisco Camps declararía ayer, pero su abogado, Javier Boix, pidió que se retrasara la convocatoria con el argumento de que tiene otra citación judicial a la misma hora. El magistrado fijó entonces la citación del presidente autonómico, entre otros, para hoy a las 10,00 horas.

En su auto, Garzón detalla cómo empresas de Correa encargaron y pagaron trajes por valor de 12.783 euros que presuntamente fueron regalados a Francisco Camps entre 2006 y 2008. El auto también detalla cómo desde 2005 empresas de la trama obtuvieron grandes contratos públicos de la Conselleria de Turismo, que les reportaron beneficios de en torno a 45 millones de euros. La Generalitat reconoció más tarde que había un contrato más, relacionado con la Vuelta al Mundo a Vela cuya salida se organizó en Alicante en 2008, que también recayó en la trama, por un valor cercano al medio millón de euros.

Además, el grupo parlamentario Compromís ha denunciado que existen muchas más adjudicaciones, camufladas en contratos menores, que ascienden al menos a otros 500.000 euros.