Una cosecha de fracasos judiciales

En 48 horas, dos sentencias han caído a plomo sobre la cabeza del PP: la de la Audiencia de Madrid que disuelve como un azucarillo la acusación alimentada por el Gobierno de Esperanza Aguirre de que en el hospital Severo Ochoa de Leganés se practicaba la eutanasia; y la del Tribunal Constitucional (TC) que ratifica como absolutamente legal la imposición de paridad de sexos en las listas electorales. Ambas resoluciones golpean al PP en asuntos de los que había hecho bandera y seña de identidad política.

Y ambas constituyen, por el momento, las dos últimas cuentas en el rosario de fracasos judiciales cosechado estos cuatro años por el partido de Rajoy: sobre todo, en el TC, que, en diciembre de 2007 y tras un año tormentoso, acabó abroncando al PP por faltarle al respeto.

En el cuatrienio que finalizará con las elecciones del 9 de marzo, el PP ha sido prolífico en la presentación de recursos de inconstitucionalidad, varios de ellos -los de mayor calado- están pendientes de resolución: los formulados contra el Estatuto catalán, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el Plan Hidrológico y, por último aunque siempre en primer término del debate, la ley del matrimonio entre homosexuales.

Detrás queda una decena de resoluciones que en sí mismas significan un varapalo a su estrategia. Referidas a asuntos de muy diferente tenor, su argamasa, avisa el profesor de Derecho Constitucional de la Unviersidad de Granada Agustín Ruiz Robledo, se acerca más a la pelea política que a la jurídica. "La impresión que todos tenemos -dice Robledo- es que ésta es una de las legislaturas con más recursos y que, parafraseando a Clausewitz, el PP ha aplicado una estrategia de continuar la pugna política a través de los tribunales".

Política en los tribunales
Su análisis coincide con el del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien en otoño advirtió de que el PP está tratando de convertir al Constitucional en la "tercera Cámara" para que resuelva "por la vía de la inconstitucionalidad planteamientos políticos y de enfrentamiento natural entre partidos".

En la nómina de derrotas del PP se encuadran, entre otras, el aval del Constitucional al traslado a Cataluña de los papeles de Salamanca y la inadmisión a trámite del recurso del Gobierno valenciano contra el Estatuto andaluz -pieza "extravagante", dijo literalmente el tribunal- . Por supuesto, se integra también ahí la negativa del Constitucional a bloquear, como pretendía el PP, la tramitación en las Cortes del Estatuto de Catalunya.

"El PP -diagnostica el catedrático de Derecho Constitucional de la Pompeu Fabra Francesc de Carreras, hombre próximo a Ciutadans- debería pensar en esos reveses porque muchos planteamientos que ha hecho son temerarios por falta de fundamento". ¿Cuáles? "El recurso contra la tramitación del Estatuto de Catalunya. Hasta un alumno de Primero de Derecho sabe que aquello no tenía fundamentación". ¿Entraña riesgo que el Constitucional esté sujeto a tirones políticos? "Sí", responde Carreras.

Los conservadores lograron librarse de Pérez Tremps pero fracasaron en su intento por conseguir otro tanto con la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, cuya independencia cuestionó -o negó- bajo el argumento de que su marido, el catedrático Jesús Leguina, había sido uno de los autores del informe elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos del Parlamento de Cataluña que sirvió de base para elaborar el nuevo Estatuto.

Una tercera recusación, la dirigida de nuevo contra Pérez Tremps y los también magistrados progresistas Pascual Sala y Manuel Aragón para que se abstuvieran en la deliberación y votación sobre el recurso contra la Ley del Constitucional (LOTC), cayó igualmente bajo la piqueta del tribunal en noviembre de 2007. Por ocho votos a dos, es decir, también con el apoyo de dos magistrados adscritos al bloque conservador, el TC rechazó la recusación ‘a limine'. O sea, de plano.

El PP había apoyado la recusación en una información del diario ‘El Mundo' según la cual los tres magistrados habían expresado su apoyo a la LOTC. La información obtuvo un desmentido tajante no sólo de los afectados sino de algunos de sus compañeros del sector conservador. Haciendo caso omiso, el PP mantuvo la recusación.

Y eso le terminó costando un severísimo rapapolvo del TC. El tribunal no sólo censuró al PP por pergeñar un"intento de abuso de derecho o fraude procesal" al proponer las recusaciones para contrarrestar las planteadas con éxito por el Gobierno contra los derechistas García Calvo y Rodríguez Zapata sino que lo acusó de faltarse al respeto: "Es exigible en todo caso que se guarde el respeto (...) debido al Tribunal y a sus miembros, exigencia que no se ha observado en el escrito de alegaciones".