El copago de Mato se ceba con los pacientes con cáncer

Pagar 18 euros al mes por fármacos; 5, por ir en ambulancia o el 10% de las muletas y sillas de ruedas pueden resultar cantidades ínfimas para algunos usuarios de la sanidad pública. Pero el transporte para acudir a las sesiones de radioterapia, las prótesis de mama y el tratamiento quimioterápico por vía oral son algunos de los gastos que, desde la salida de estos productos de la cartera básica de servicios sanitarios -totalmente gratuita para el usuario- están ahogando aún más a los pacientes de cáncer.

Las consecuencias de la reforma del sistema sanitario, iniciada el año pasado por la ministra del ramo, Ana Mato, están empezando a dejarse notar gravemente en los casos de los enfermos oncológicos, especialmente, si los copagos farmacéutico, en el transporte no urgente y en los productos ortoprotésicos y dietoterápicos se unen a los gastos de familias ya de por sí afectadas por la crisis y que, a pesar de todo, no se incluyen en los grupos de exclusión de dichas normativas. Así lo ha denunciado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que ha elaborado un informe sobre el impacto que las medidas del Real Decreto-Ley 16/2012 están teniendo en el colectivo de pacientes con cáncer.

Para empezar, aunque Catalunya y Madrid ya se han visto obligadas a eliminar su euro por receta, la modificación del porcentaje de la aportación que debe realizar el usuario en los fármacos de aportación reducida (como los que necesitan estos pacientes: medicamentos antineoplásicos o analgésicos, entre otros), que ha aumentado del 0% a entre el 10 y el 40% -para pensionistas y trabajadores en activo, respectivamente-,  afecta significativamente a los pacientes oncológicos. Ello supone, asegura la AECC, "una discriminación entre los pacientes en quimioterapia de administración intravenosa (gratis, administrada en el hospital)" en relación a los paciente con quimioterapia de administración oral (sujeta a copago), "cuando el fin es el mismo: la curación o el control de la enfermedad", destaca la asociación.

La AECC alerta de los casos más vulnerables, como los pacientes con una situación económica precaria, por ejemplo, que podrían llegar a interrumpir la continuidad del tratamiento "con el riesgo consiguiente para la supervivencia del paciente y/o una disminución de su calidad de vida, al no poder costear, por ejemplo, los tratamientos para aliviar efectos secundarios". Algunos de estos últimos quedaron fuera de la financiación pública en junio de 2012, en el denominado "medicamentazo" de la ministra, como los protectores de estómago, entre otros.

En cuanto a la remodelación de la ministra de la prestación ortoprotésica, las prótesis de mama -las más utilizadas por este tipo de pacientes- continúan siendo de aportación reducida: el paciente sólo paga el 10% del precio, que puede oscilar entre 166 y 300 euros. Aun así, otros productos como sujetadores adaptados, pelucas, o cremas y geles especiales para pieles radiadas, todos ellos  "de extrema necesidad para un paciente de cáncer", son abonados al 100% por los afectados. Ello supone un coste medio de unos 200 euros, según alguno de los casos analizados como ejemplo en el informe de la AECC.

Con todo, el mayor gasto se produce en el desplazamiento necesario para acudir a sesiones de radioterapia o quimioterapia en el centro de salud. La AECC alerta de la especial vulnerabilidad de los pacientes que viven en zonas rurales alejadas de su hospital de referencia, para quienes el copago en el transporte sanitario no urgente -sujeto a una aportación del usuario de entre 10 y 60 euros mensuales como máximo, según la renta-  puede suponer para una mujer con cáncer de mama, con una renta inferior a 18.000 euros y que viva a 100 km del centro sanitario, en 8 meses de tratamiento, hasta 1.500 euros de "transporte no cubierto" por el Sistema Nacional de Salud [ver casos detallados en esta parte del informe en pdf].

"Hasta el RDL 16/2012, el transporte sanitario era gratuito (no incluía taxis), si bien había una alta variabilidad [entre comunidades] en el tipo de servicio cubierto", explica el informe, realizado por especialistas de las Juntas Provinciales de la Aecc, de sus servicios centrales y de y de otros organismos como la Asociación Madrileña de Afectados por el Linfedema y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Pero, tras la reforma elaborada por el Ministerio, con ayuda de las Comunidades Autónomas, sobre todo, las gobernadas por el PP, se establece la aportación del usuario con límite máximo en función de la renta, con una base de cálculo de 5 euros por trayecto, y "se establece una categoría de aportación reducida en el caso de personas que requieran traslados periódicos que se prevean necesarios por un período superior a seis meses, con una frecuencia de al menos cuatro traslados semanales del domicilio al centro sanitario y viceversa", detalla el documento, citando la nueva normativa. Sin embargo, "los pacientes  de cáncer no entran en este grupo, ya que el tratamiento, aunque pueda superar los seis meses, no requiere un mínimo de cuatro traslados semanales", advierte la AECC.

 Asimismo, la asociación ha detectado ya recortes en los servicios de transporte, por ejemplo, en Islas Canarias, "más aún, cuando el paciente tiene que desplazarse de una isla a otra"; algo que supone a los pacientes un coste de unos 60 euros semanales, aseguran los expertos. También denuncian que el material ortoprótesico que sí cubre la sanidad pública, "el pago al paciente, en la gran mayoría de los casos, se hace con carácter retroactivo y el tiempo de espera del paciente para ser reembolsado el gasto es cada vez más largo", llegando a casi un año en muchas comunidades.

Por último, la asociación muestra su preocupación especial por el colectivo de  inmigrantes sinpapeles, excluidos de la tarjeta sanitaria, así como por el futuro de la cartera común de servicios accesorios -aún no detallada por el Ministerio de Mato-, cuyas prestaciones pueden ser "determinantes para los pacientes de cáncer". En ella se incluyen servicios como la atención psicológica, la rehabilitación de secuelas o las actuaciones preventivas (cribados) para la población general.

La AECC recuerda que cada año 200.000 personas son diagnosticadas de cáncer en España, donde más de 1,5 millones de ciudadanos ya padecen algún tipo de enfermedad oncológica. Por ello, señalan, "es importante destacar que, debido al aumento del  porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social y la disminución en prestaciones sociosanitarias, la población residente en España que se encuentra en especial riesgo social verá agravada su situación con un diagnóstico de cáncer".