Este artículo se publicó hace 14 años.
Convocada huelga general en Italia para el 25 de junio por el plan de ajuste
La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), principal sindicato de Italia, anunció hoy la convocatoria de una huelga general para el próximo 25 de junio, en protesta contra el plan de ajuste presupuestario del Gobierno de Silvio Berlusconi, de 24.000 millones de euros en recortes.
En el documento concluyente de la reunión que celebró hoy en Roma su Comité Directivo, el sindicato CGIL explica que la huelga será de 24 horas para los funcionarios del país y de, al menos, 4 horas para los trabajadores del sector privado.
Junto con la jornada de huelga, se han convocado además varias manifestaciones en distintas regiones de Italia para protestar por el mencionado plan, con el que el Ejecutivo italiano ha pedido un "gesto de responsabilidad" a los funcionarios mediante la congelación de sus salarios.
Asimismo, este sábado está convocada, también por el CGIL, una manifestación en Roma contra el plan de ajuste presupuestario del Gobierno.
Además, está anunciada una huelga de magistrados para el próximo 1 de julio.
El plan de ahorro italiano para los próximos dos años, que pretende situar en 2012 el déficit en el 2,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), fue aprobado el pasado 25 de mayo en Consejo de Ministros, siguiendo las indicaciones de la Unión Europea (UE) de reducir la deuda pública para evitar situaciones como la de Grecia.
Las líneas básicas del plan, según explicó un día después Berlusconi, se basan, sobre todo, en un ajuste del gasto de la administración pública y la lucha contra la evasión fiscal, sin realizar ninguna "intervención" sobre las pensiones ni subir los impuestos.
"Pedimos un gesto de responsabilidad a los funcionarios, en primer lugar porque sus ingresos han aumentado más, dado que en los últimos diez años se han incrementado un 42,5 por ciento, mientras que el sector privado lo ha hecho en un 24,8 por ciento", dijo entonces el primer ministro italiano.
En esa reducción del gasto público entran también los magistrados, que, en el caso de los del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), verán sus sueldos reducidos un 10 por ciento.
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