Los controladores aéreos presentan una demanda contra el Real Decreto del Gobierno

La Unión Sindical de los Controladores Aéreos (USCA) ha presentado esta misma mañana una demanda de conflicto colectivo derivado de la modificación de las condiciones de trabajo de los controladores operada por el Real Decreto lanzado por el Gobierno el pasado 5 de febrero.

Concretamente, USCA señala en un comunicado que considera que el contenido del Real Decreto "vulnera diversos artículos de la Constitución Española", algunos de ellos "relativos a derechos fundamentales", concretamente, por el incumplimiento "de la normativa laboral vigente".

"La alteración de las condiciones de trabajo ha provocado la modificación, vulneración e inaplicación de las pactadas y establecidas en el I Convenio Colectivo Profesional de los Controladores Aéreos suscrito entre Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el citado colectivo" según refleja la demanda presentada.

El colectivo ha comenzado a tomar hoy las anunciadas medidas legales contra el Real Decreto por el cual el Gobierno asumió la organización del trabajo del colectivo ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el convenio.

AENA y el sindicato de los controladores retomarán a partir del próximo 10 de marzo las negociaciones del segundo convenio colectivo, según acordaron el ente público y el sindicato mayoritario del sector, que agrupa al 95% de los 2.400 controladores en plantilla, en su primera reunión tras la aprobación del decreto el pasado 25 de febrero.

Por parte del ente público, las negociaciones serán llevadas a acabo por Cusan Abogados, despacho especializado en cuestiones de ámbito laboral y social. Estas negociaciones llevaban bloqueadas desde 2004 y su ruptura definitiva desembocó en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 5 de febrero.

De hecho, en el mismo Decreto, el Gobierno explicaba que tras 65 reuniones con los controladores aéreos para la firma de un nuevo pacto, había sido totalmente "imposible" alcanzar un acuerdo.

Los controladores habían anunciado que tomarían las medidas legales oportunas en contra del Real Decreto tras descartar que otras iniciativas de presión, como huelgas de celo o encubiertas, y garantizando el servicio en Semana Santa.