A las 17.00 horas finalizó el plazo para que acabe la huelga de limpieza viaria y jardinería que dio la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y la polémica, como con cada decisión que toma la regidora, está servida.

El pasado miércoles, la alcaldesa de Madrid dio un ultimátum a las empresas y a los sindicatos de limpieza y jardinería para que alcanzasen un acuerdo que acabara con el conflicto que durante ya 11 días, está inundando las calles de basura.

Botella, que no disponía de datos concretos, aseguró que los servicios mínimos decretados no se están cumpliendo en su totalidad, lo que está dando pie, junto a la "actitud vandálica de los piquetes", a que la ciudad se empantane de suciedad hasta el punto de que una huelga de limpieza se confunda con una de recogida de basuras y a que se hable del "vertedero de Madrid" en los diarios de medio mundo.

Para paliarlo, lejos de actuar de medidora entre empresas y trabajadores, como piden los sindicatos y la oposición, la alcaldesa ha optado por "tomar el control" y contratar a otra empresa, la pública Tragsa, para que limpie la basura que las cuatro concesionarias privadas llevan casi dos semanas sin barrer.

Los sindicatos ya han advertido que esta medida vulnera el derecho constitucional de huelga porque sustituye a los trabajadores por otros de otra empresa, y así lo denunciarán si la primera edil lleva a cabo su amenaza . Desde Tragsa, que también atraviesa un ERE que afecta a 836 empleados (más otros 803 de su filial Tragsatec), sus sindicatos se identifican con los barrenderos y aseguran que no participarán en las "artimañas" de la regidora, aunque si todo sale según lo previsto por el Ayuntamiento, este sábado estarán preparados para acometer la encomienda y encender aún más los ánimos de un conflicto que cada día se oscurece más, tanto por la suciedad como por lo lejana que quedaría una solución.

Según fuentes de Tragsa, como empresa pública están obligados a desempeñar cualquier encargo de una administración pública siempre dentro de los cauces legales. En este caso, los cauces pasan por que exista una emergencia sanitaria -que el Ayuntamiento lleva negando desde el primer día- o que exista una "vulneración flagrante de los servicios mínimos", que es lo que alega Ana Botella. Según fuentes del Consistorio madrileño, alrededor del 60% de los servicios mínimos han salido a trabajar durante estos 12 días, aunque afirman que no es cuestión de número de trabajadores que salga, sino de las prestaciones mínimas de limpieza que se exigen, las cuales "no se están cumpliendo", explican las fuentes.

Público ha consultado a varios abogados y catedráticos, expertos en materia laboral, para conocer si la alcaldesa de Madrid incurriría en una ilegalidad. La mayoría cree que su opción vulnera el derecho de huelga y que debería mediar si quiere resolver la situación.

Enrique Lillo, abogado laboralista de CCOO

"Es una práctica de sustitución de huelguistas"Para el abogado laboralista del Gabinete Confederal de CCOO, Enrique Lillo, la decisión de Ana Botella supone una "clara vulneración del derecho de huelga" y asegura que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que han dado la razón a los trabajadores en casos similares.

Según Lillo, se trata de "una subcontrata que incurre en una práctica ilegal de sustitución de los huelguistas que, además, no soluciona el conflicto". El letrado asegura que la única opción que tiene la alcaldesa "si la huelga afecta a salud pública, es solicitar al Gobierno un laudo arbitral, que un árbitro imponga una decisión que sustituya al acuerdo entra las partes" y considera la decisión de llevar el incumplimiento de los servicios mínimos a la fiscalía "una disuasión sin pies ni cabeza para criminalizar a los huelguistas".

Valeriano Gomez, exministro de Trabajo

"Sólo podría aplicarse esta medida se hay emergencia sanitaria, algo que están negando"Para Valeriano Gómez, portavoz económico del PSOE en el Congreso y exministro de Trabajo durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tomando como referencia el decreto ley que regula los servicios mínimos "que es preconstitucional", del año 67, existe la posibilidad de que "la autoridad gubernativa, cuando entienda que se violan derechos fundamentales durante una huelga, pueda prever la posibilidad de hacerse cargo de que se cumplan los servicios mínimos por medio de otros entes públicos". Pero precisa: "no de que se limpie la basura, sino de que se garantice la limpieza".

Para hacer lo que Botella anunció "sería necesario que la Comunidad Autónoma estableciera que no existen condiciones para que se cumplan los requisitos mínimos de sanidad". Sin embargo, "Botella no sólo no lo ha anunciado, sino que lo está negando, de ahí la inconsistencia e improvisación de todo esto. Al tiempo que lo niega recurre a una medida que sólo es posible si se decreta lo que está negando", matiza, por lo que "estaría vulnerando el derecho de huelga". Sin embargo, puntualiza "una cosa es que se viole el derecho de huelga y otra, que no se cumplan los mínimos, que son fundamentales y están para cumplirlos", finaliza Gómez.

Cristina Almeida, abogada laboralista

"No se pueden sustituir unos servicios mínimos por otros" 

Cristina Almeida, abogada laboralista, coincide con Lillo en que Botella "no puede sustituir unos servicios mínimos por otros", pero advierte de que "los trabajadores que están obligados a cumplir los mínimos tiene que cumplirlos, si no, sí que es sancionable aunque no por ello pueden ser sustituidos". En palabras de Almeida, esta decisión "interrumpe el derecho de huelga y la deja en una situación en la que no se sabe cuándo acabará".

Para esta abogada, la alcaldesa "debería dedicarse a negociar con la empresas a las que ha concedido la contrata y debería fortalecer su ayuda los trabajadores, porque el recorte que ha aplicado no se puede tolerar". Sobre la denuncia al Ministerio Fiscal, Almeida asegura que no está claro si debe denunciar a los trabajadores o a las empresas.

Gregorio Tudela, catedrátido de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la UAM

"Es una forma de hacer el trabajo sucio a las empresas concesionarias"

En opinión del Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid, Gregorio Tudela, que medió en el arbitraje durante la huelga de Iberia, la solución propuesta por la alcaldesa resulta "susceptible de ser tachada de antisindical por nuestros tribunales, porque vacía de contenido el legítimo ejercicio del derecho de huelga por los trabajadores.

Para el catedrático, Botella "debería justificar de forma muy rigurosa el porqué de la decisión". Según Tudela, sólo podría hacer uso de Tragsa si existe una previa declaración del estado de alerta sanitaria "que pusiera en riesgo otros bienes constitucionalmente protegidos - como la salud de los ciudadanos en este caso-, pero es una cuestión que hasta hoy niega la propia alcaldesa". Por otra partes, añade, "si el problema es el incumplimiento de los servicios mínimos, cosa que habrá de acreditarse, porque todos hemos tenido oportunidad de ver a lo trabajadores limpiar aun escoltados por la policía local, existen otros mecanismos previstos que son muy llamativos y por eso no querrá utilizarlos, como solicitar la asistencia del ejército o, en fin, acudir a un arbitraje obligatorio".

Sin embargo, explica el profesor, "ya no hay materialmente tiempo" para la última opción, "salvo que las partes aceptaran ampliar el período de consultas del ERE". Y concluye que "acudir a los trabajadores de otra empresa, además pública, lo que no deja de ser tristemente paradójico, no deja de ser una forma de hacer el trabajo sucio a las empresas concesionarias y puede ser tachado de esquirolaje externo", y pone como ejemplo esta sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2010.

Para Tudela, "la alcaldesa ha querido ponerse de perfil en un conflicto que se adivinaba severo, si es que no contribuyó al mismo con los pliegos de condiciones de la concesión del servicio, y ahora quiere resolverlo de forma precipitada vulnerando derechos fundamentales", concluye.

Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo en la UCLM

"El Constitucional ya ha dejado clara esta ilegalidad en otros casos"

Según Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, la inconstitucionalidad de la medida "es evidente". "Sustituir a los huelguistas con otros trabajadores sólo se puede hacer en dos momentos: uno cuando no existen servicios mínimos, como en el caso de la huelga de controladores de vuelo, que no es el caso. El otro es que fuera un momento de emergencia pública. No parece que exista a segunda opción y en la primera noo se sabe cuánto se están cumpliendo los mínimos.

Añade que aludir a la movilidad funcional interna de las empresa, cuando empresario moviliza trabajadores incluso de su propia empresa para desempeñar el trabajo de los huelguistas, "ya lo condenó el Constitucional en repetidas ocasiones, la última en el caso de la huelga en el diario ABC, en 2011".

Para este catedrático, Botella se enfrenta a un "caso muy grave desde el punto de vista político. Hay una responsabilidad grave por parte del Ayuntamiento y de las contratas, que son las mismas empresas -algunas- que las de la privatización sanitaria y las de los papeles Barcenas. Tiene elementos de opacidad que no favorecen la solución y que explican estas decisiones antijurídicas e incorrectas", critica.

Así las cosas, este sábado los trabajadores de Tragsa comenzarán, salvo una sorpresa de acuerdo este viernes, a limpiar la ciudad. Algo de lo que están en contra los mismos trabajadores contratados, los trabajadores en huelga, reputados expertos, sindicatos y oposición.