El Constitucional portugués vuelve a tumbar los recortes del Gobierno
Una sentencia unánime de los 13 magistrados considera inconstitucional el recorte del 10% a las pensiones superiores a 600 euros, con lo que el Ejecutivo de Passos Coelho pretendía ahorrar 388 millones
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El Tribunal Constitucional de Portugal ha vuelto dar una revés a las políticas de austeridad del Gobierno del conservador Predo Passo Coelho. Los 13 magistrados han considerado ilegal el recorte de las pensiones incluido en los Presupuestos del próximo año por considerar que "viola el principio de confianza consagrado en la Constitución".
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El Ejecutivo tenía previsto ahorrar 388 millones de euros, el 12% del total de la reducción del gasto, mediante el recorte del 10% en las pensiones superiores a 600 euros y la revisión del cálculo de estos pagos.
Por petición del presidente luso, Anibal Cavaco Silva, el Constitucional se ha pronunciado sobre la legalidad de la medida y, al igual que ya ocurriese con las cuentas del año precedente, ha fallado en contra de los recortes.
Los jueces creen que la medida no es imprescindible en aras de un interés público
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Los 13 magistrados han entendido, en una sentencia unánime, que el Gobierno no puede quitar a los pensionistas unos derechos adquiridos durante años.
El presidente de la corte, Joaquim Sousa Ribeiro, ha explicado ante los periodistas que la revisión de las pensiones no puede ser entendida como un "impuesto", según el diario luso Publico.
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Los magistrados han apuntado que la medida tampoco puede ser justificada como imprescindible en aras de un interés público como la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social por no suponer una "reforma estructural".
Sousa Ribeiro ha matizado, no obstante, que el Constitucional no reafirma con su sentencia la "inviolabilidad" del sistema de pensiones, sino que el tribunal sólo se está pronunciando sobre una serie de artículos concretos que, en su opinión, no corresponden a los "intereses" alegados por el Gobierno.
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Portugal, que aspira a salir del plan de ayuda de la troika [Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea] a mediados del año que viene, debe ahora buscar fórmulas alternativas a esos 388 millones, si bien el Gobierno no ha revelado por el momento alternativas, pero medios locales especulan ya con una subida de impuestos.