El Constitucional, competente para decidir sobre el Esatut

El Pleno del Tribunal Constitucional ha notificado este viernes la resolución en la que rechaza los ocho recursos de súplica interpuestos por la Generalitat y el Parlamento de Catalunya relativos a la competencia de este órgano para dictar sentencia sobre el Estatut, confirmando así su legitimidad para seguir deliberando sobre este asunto.

De este modo, el Tribunal Constitucional da carpetazo definitivo a todas las iniciativas presentadas por el Gobierno catalán para evitar la aprobación de la sentencia sobre el Estatut de Catalunya por los magistrados que actualmente componen el Tribunal, un tercio de los cuales, entre ellos su presidenta, María Emilia Casas, concluyeron su mandato en diciembre de 2007.

El pasado miércoles, el Constitucional rechazó también tramitar un segundo recurso de súplica presentado por la decisión de este órgano de no reincorporar en sus deliberaciones al magistrado Pablo Pérez-Tremps, que fue apartado a propuesta del PP.

Un tercio del Tribunal, incluida su presidenta, caducó su mandato en diciembre de 2007

Esta resolución se produce tras concluir el plazo a la Abogacía del Estado, al Congreso, al Senado y a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronunciaran obre las pretensiones del Ejecutivo y el Legislativo catalanes. Una vez solventadas estas cuestiones, el Tribunal Constitucional tiene vía libre para entrar a debatir el próximo lunes la ponencia elaborada por Casas para poder dictar sentencia.

Según fuentes del órgano constitucional, este borrador asume con algunas modificaciones las mismas tesis que la que elaboró en su día la magistrada del "sector progresista" Elisa Pérez Vera -que fue rechazada por seis votos frente a cuatro- respecto a los aspectos más polémicos de la norma, tales como la inclusión del término 'nación' en el Preámbulo o los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado.

En previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario para aprobar su ponencia -que podría incluir 13 declaraciones de inconstitucionalidad y el sometimiento a interpretación de otros 24 preceptos- la presidenta someterá su texto a una votación por bloques, pues su objetivo de lograr que haya sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma hace unas semanas a un grupo de periodistas.