El Consejo de Estado, a favor de vetar los anuncios de relax

La lucha de las feministas en contra de los anuncios de prostitución que se publican en la prensa generalista ha encontrado un importante aliado en el Consejo de Estado. Este organismo ha emitido un informe totalmente favorable a que estos anuncios desaparezcan de una vez de los medios de comunicación españoles. El informe, que ayer se hizo público, señala que la autorregulación que se había reclamado a los diarios ha sido manifiestamente "insuficiente y baldía" y aboga por una regulación específica para terminar con esta lacra.

El Consejo de Estado, cuya posición no es vinculante, ha resuelto a petición del extinto Ministerio de Igualdad, que el 12 de mayo de 2010 le reclamó información respecto a las medidas legales a tomar. Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que dirige Leire Pajín emitió ayer un comunicado para expresar "la satisfacción" del Ejecutivo con las conclusiones del Consejo de Estado, "que avala la posición del Gobierno respecto a la necesidad de erradicar los anuncios de prostitución de la prensa".

Ahora, queda ver si el Ejecutivo llevará a cabo los consejos del informe. A pesar de que tanto Pajín como Aído o como el propio José Luis Rodríguez Zapatero se han mostrado en contra de estas prácticas, en el Ejecutivo también han salido voces discordantes. El pasado 18 de enero, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, afirmó en un programa de televisión de La Sexta que el Ejecutivo no prohibirá las ofertas de comercio sexual.

"Si el informe del Consejo de Estado permite al Gobierno intervenir en este tema, propondremos un mecanismo, si no legal, pactado con los medios, para que desde la autorregulación, este tipo de publicidad vaya desapareciendo poco a poco", señaló Jáuregui, tres meses antes de que el Consejo de Estado haya zanjado que la autorregulación no sirve para nada. También el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, abogó en noviembre del año pasado por "pactar con los periódicos un horizonte acordado de supresión".

Pedro J. Ramírez se mostró a través de Twitter en contra de la medida

Las grandes cabeceras se muestran reacias a renunciar al negocio que les proporcionan estos anuncios y menos en plena crisis económica. La ex vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega ya se reunió con los directores de los principales diarios para que rectificasen su postura, sin ningún éxito. Distintas asociaciones feministas recogieron hace más de un año unas 2.000 firmas contra los anuncios de contactos y enviaron el listado a los directores de los diarios. Ninguno les contestó.

El 13 de marzo de 2007, una comisión parlamentaria calculó en 40 millones de euros anuales el dinero que ganaban en total los periódicos españoles con este tipo de anuncios. Por ejemplo, El País gana cinco millones al año, algo por encima de lo que ingresa El Mundo, y las cabeceras del grupo Vocento (editor de Abc, donde se publica el suplemento religioso Alfa y Omega) se reparten diez millones.

Rubalcaba y Jáuregui han abogado por la autorregulación

Desde su lanzamiento en septiembre de 2007, Público no admite anuncios de prostitución. Tampoco lo hacen otros periódicos como La Razón (que renunció a ellos tras un acuerdo de colaboración con el periódico de El Vaticano, L' Osservattore Romano), La Voz de Asturias o 20 minutos.

Ayer, el informe dio lugar a la polémica y se levantaron notas discordantes contra la posible prohibición. El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, defendió a través de su Twitter estos ingresos y señaló que son una "muy pequeña parte" de las ganancias de su periódico. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (Aede) emitió por su parte un comunicado defendiendo que la publicidad "de cualquier actividad legal sí está amparada por el artículo 20 de la Constitución".

El argumento esgrimido por los editores es polémico, ya que la prostitución en España se considera que es alegal, y lo que está penado por el Código Penal es el proxenetismo, mientras que la actividad de las prostitutas sólo puede recibir algún tipo de sanción administrativa por parte de la normativa municipal o regional. Pero el propio Consejo de Estado quiso dejar claro que la alegalidad tiene que tener matizaciones y "que la prostitución voluntaria y libremente ejercida por mayores de edad no constituye una conducta ilícita".

Además de la autorregulación, el informe también rechaza como medida coercitiva la eliminación de las subvenciones estatales para los diarios que publiquen anuncios sobre comercio sexual.

Para el Consejo de Estado, la mejor forma de terminar con este tipo de publicidad es una regulación específica contra "los anuncios publicitarios que ofrezcan los servicios sexuales mediante contraprestación económica, que informen sobre los locales en los que se ofrecen dichos servicios o inciten directa o indirectamente al tráfico carnal o al comercio sexual mediante precio". Se trataría de una norma diferenciada e independiente de la ley general vigente sobre publicidad. "En esta disposición deberá establecerse de manera clara y terminante que queda prohibida la publicidad de la prostitución", advierte el informe.

El Consejo de Estado considera además que sería absurdo dejar fuera del veto a "los anuncios referidos a teléfonos eróticos o videoclubs pornográficos".

Igualmente, y aunque no es el ámbito del estudio que le había pedido el Gobierno, el Consejo de Estado reclama que también desaparezca esta publicidad de la televisión: "Debe considerarse el establecimiento de una prohibición expresa de los anuncios no sólo en los horarios actualmente establecidos de forma genérica para la protección de los menores, sino también en otros horarios más amplios, pues aquellos no se ajustan a los hábitos sociales".

En el ámbito político, han sido varios los diputados y diputadas que han luchado contra esta lacra. Como Carlos Salvador, de UPN, o Joan Tardà, de ERC. Salvador registró recientemente una pregunta en el Congreso de los Diputados respecto a la regulación de esta publicidad.

Desde el PSOE, celebraron las conclusiones del informe. "La publicidad de estos anuncios de contactos vulnera varias leyes atentando contra la dignidad de las mujeres a la vez que promueve su explotación sexual", denunció Soledad Cabezón, secretaria socialista de Políticas de Igualdad. Cabezón advirtió sobre la hipocresía de algunos medios que en sus páginas denuncian lo negativo de la prostitución, mientras que por intereses económicos mantienen esos anuncios. "Por intereses económicos no podemos mirar para otro lado cuando se trata de derechos humanos", concluyó.