El Congreso pide que no queden impunes los casos de robo de niños

Los grupos del Congreso han apoyado hoy la depuración de responsabilidades por la trama del robo de niños entre los años cuarenta y noventa, después de que dos asociaciones de afectados hayan reclamado poder acceder a la información de registros amparados por la Ley de Protección de Datos.

"Luchen con nosotros para que se haga justicia pase lo que pase y pese a quien pese (...) se señale a los culpables y se les juzgue por inmensos daños", ha pedido hoy a los miembros de la Comisión de Justicia el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), Antonio Barroso, quien ha calculado en 300.000 los perjudicados.

Los "ladrones de niños" se servían de las instituciones para las que trabajaban, falsificaban documentos públicos y pervertían los registros inscribiendo a personas con identidades falsas, ha relatado.

"Queremos pedir que se nos permita reconstruir documentalmente nuestras vidas", ha enfatizado.

Así, ha pedido a los diputados que legislen para que, sin perjuicio de la Ley de Datos en vigor, las víctimas puedan acceder de igual manera y en toda España a informes médicos, registros de pacientes, informes de autopsias, historiales clínicos, partidas de nacimiento y defunción, legajos de aborto o todo tipo de registros en cementerios o iglesias.

Además de las necesidades económicas de ANADIR, ha reclamado las medidas necesarias para que "nunca más se repita algo parecido", que no se vuelva a traficar con seres humanos.

Barroso: "Queremos pedir que se nos permita reconstruir documentalmente nuestras vidas"

Por ello, ha defendido que se refuercen en las maternidades los sistemas de identificación de los recién nacidos, así como los controles en las inscripciones de los bebés.

El abogado de ANADIR, Enrique Vila, ha valorado que el Fiscal General haya ordenado a las fiscalías provinciales que investiguen y ha pedido que la ayuda del Estado a los afectados sea "inmediata".

Ha manifestado máximo respeto por instituciones, médicos, matronas o la Iglesia, pero es "indudable" que miembros de estos grupos participaban en una "mafia organizada a nivel nacional".

Vila ve complicado que hoy por hoy subsista alguna trama, sino que sería algún caso aislado.

La portavoz, Mar Soriano, ha explicado que la negativa de hospitales y administraciones públicas para que investiguen se debe a la protección de datos personales o la necesidad de una orden judicial.

Por otro lado, ha pedido que se incorpore en los historiales médicos de los recién nacidos los "cariotipos genéticos", que permitirían una prevención mejor de trastornos y enfermedades posteriores.

Esto, con carácter retroactivo, posibilitaría la búsqueda y localización de hijos y hermanos, ha asegurado.

Ha insistido en que se trata de una "trama sistemática, avalada por leyes del momento" y se ha preguntado cómo es posible que la Audiencia Nacional se inhibiera.

El Congreso reitera solidaridad y respeto para todos los afectados y el compromiso de audiencia y relación permanente con ellos

El abogado Fernando Magán ha pedido urgencia para tratar este asunto por la edad avanzada de muchas las víctimas y razones de eficacia.

En general, los grupos han respaldado que se llegue al fondo, hasta el final, para esclarecer la sustracción de niños a los padres biológicos para darlos en adopción, a ser posible antes de que acabe la legislatura.

En nombre del Congreso, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, ha reiterado solidaridad y respeto para todos los afectados y el compromiso de audiencia y relación permanente con ellos, control de la administración, promoción de derechos y remover todos los obstáculos.

La diputada socialista Carmen Juanes ha asegurado que se trata de unos hechos que no pueden quedar impunes y en nombre del PP, Inmaculada Bañuls ha reclamado que este asunto se esclarezca y se depuren responsabilidades.

El diputado de CiU Jordi Jané ha apostado por cuantas medidas sean necesarias para que reluzca la verdad, paliar los daños y depurar las responsabilidades.

Emilio Olabarría, del PNV, ha apuntado hacia reformas legislativas para la reparación efectiva de las víctimas, la tipificación de delitos y la modificación de la de Protección de Datos o del reglamento del Registro Civil.

El diputado de ERC-IU-ICV Joan Tardà ha señalado que el tiempo apremia por la edad de algunas víctimas y para hacer justicia "si las leyes lo permiten con delitos que no hayan prescrito".

Por UPyD, Rosa Díez, ha asegurado a los comparecientes que van a tener una "causa común" en el Congreso.