Una ex asistente social del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa) ha sido inhabilitada y condenada a abonar una multa por presionar a varios ancianos a los que asesoró para que designaran a su hija o a ella misma como herederas de sus bienes.

La acusada ingresó en 2004 en el área de tercera edad del consistorio lasartearra, aunque desde 1986 ya realizaba funciones de asistente social en esta institución, tras haber desempeñado el mismo puesto en el consistorio de Urnieta.

Según la sentencia del caso, a la que hoy ha tenido acceso Efe, la imputada se sirvió de su cargo mientras trabajaba en Lasarte-Oria para "gestionar la prestación privada de asistencia domiciliaria" a cuatro ancianos, "beneficiándose económicamente" de las relaciones "privadas" que entabló con ellos.

El escrito judicial precisa que de esta forma consiguió que un anciano instituyera como beneficiaria de un 30% de su herencia a su hija menor, quien tras la muerte del anciano recibió un ingreso de 23.027 euros en una cuenta que compartía con su madre.

Con antelación, la acusada había tramitado sin éxito "hasta en tres ocasiones" una solicitud para ingresar al anciano en una institución "para personas dependientes" contra la voluntad del hombre, a quien previamente había retirado la prestación municipal de ayuda domiciliaria que recibía y le había puesto como asistenta privada a una amiga suya que tenía que pagar el propio afectado.

La procesada actuó de una forma similar con otra anciana que la nombró heredera a ella y a la que en esta ocasión sí consiguió ingresar en una residencia de Hernani.

Esta mujer también la nombró heredera de sus bienes, por lo que tras su muerte sus familiares tuvieron que negociar con la acusada, quien finalmente percibió 3.647 euros.

La sentencia describe el caso de una tercera anciana, de 90 años, a la que la procesada no tramitó una solicitud de asistencia, para lo que tuvo que mentir a sus familiares sobre los requisitos económicos para acceder a esta prestación, al tiempo que contactó con una amiga para que la atendiera de forma particular.

La inculpada intentó retirar a la anciana su capacidad de gestionar sus cuentas bancarias valiéndose de la "limitada capacidad cognitiva" de la perjudicada.

La sentencia explica que en esta oportunidad "la intervención decisiva" del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lasarte-Oria impidió que se realizaran "actos dispositivos irregulares" en estas cuentas.

El último caso que detalla el documento es el de otra anciana a la que la acusada "indujo" a recibir prestación privada de pago, para la que designó a otra amiga suya.

El documento cita como prueba del enriquecimiento ilícito del que se benefició la imputada durante este tiempo el hecho de que entre 1998 y 2004 tuviera unos ingresos totales de 174.708 euros, mientras que entre 2004 y 2008 percibiera 287.662 euros, es decir, 112.954 euros de diferencia sobre los que la procesada "no ha dado ninguna explicación razonable"

La añade que la imputada tampoco ha podido justificar los recursos con los que adquirió un piso en el centro de Bilbao.

Durante el juicio por estos hechos, la imputada se mostró conforme con la petición de pena del Ministerio Público, por lo que ahora ha sido condenada por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios a pagar una multa de 1.080 euros e inhabilitada para desempeñar empleos o cargos públicos durante dos años.