Un tribunal de Argentina comenzó hoy a juzgar a 18 imputados por tráfico de armas a Ecuador y Croacia durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), quien argumentó problemas de salud para no estar presente en la audiencia.

Al dar inicio al primer proceso oral y público que se celebra en este país contra un ex gobernante democrático, los jueces aclararon que Menem deberá asistir "obligatoriamente" cuando sean leídas las acusaciones que pesan en su contra.

El delito del que se acusa al ex mandatario, de 78 años, y a los otros procesados, entre ellos el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, el ex asesor presidencial Emir Yoma, el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik y el traficante de armas Diego Palleros, es el de contrabando agravado.

El abogado de Menem, Omar Daer, adelantó el miércoles a Efe que su cliente no está "en condiciones de asistir al juicio", puesto que sus médicos le recomendaron "reposo absoluto" a raíz de "un cuadro de anemia y estrés".

El Tribunal Oral en lo Penal Económico, que lleva adelante el proceso, rechazó un recurso presentado por la defensa de Menem y dispuso que se evaluará su estado de salud para definir la fecha en que deberá asistir a la audiencia en la que se leerán los delitos que se le imputan.

Por esta misma causa el ex presidente y actual senador estuvo en prisión preventiva seis meses en 2001 bajo la acusación de liderar una "asociación ilícita" para el contrabando de armas, pero recuperó la libertad luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara los cargos.

El tráfico de armas fue uno de los mayores escándalos de su Gobierno y las leyes argentinas castigan este delito con una pena de hasta 12 años de cárcel, que se pueden transformar en 37 años si se confirma su relación con siete embarques y tres envíos aéreos de armamento que están bajo investigación.

Los jueces deberán establecer si hubo un desvío en el destino de 6.500 toneladas de armas y municiones que tres decretos firmados por Menem autorizaron a enviar a Panamá y Venezuela, pero que terminaron en Ecuador y Croacia.

Estos dos países recibieron entre 1991 y 1995 municiones, cañones y fusiles producidos por la estatal argentina Fabricaciones Militares, en un momento en que estaba en vigor una prohibición internacional de proveer armamento a Croacia y Ecuador.

El abogado Ricardo Monner Sans, que presentó la denuncia que dio origen al caso, consideró hoy que tanto Menem como sus ministros y las autoridades de las Fuerzas Armadas "no podían ignorar" que la operación se trataba de "un gran negociado".