Los colegios del Opus se aferran a la subvención

Los 12 colegios andaluces de educación diferenciada por sexos, perjudicados por la nueva normativa de la Junta que sólo prevé posibles ayudas para los centros mixtos, intentan por todos los medios mantener sus subvenciones sin renunciar a su política de segregación en las aulas. Padres de alumnos de esta docena de centros, la mayoría ligados al Opus Dei, fueron recibidos ayer en Sevilla por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, al que pidieron amparo frente a la nueva norma al estimar que sus derechos están siendo violados.

Esteban Guerrero, que ejerce como portavoz de estos padres de alumnos, declaró a Europa Press al término del encuentro con Chamizo que estaba "esperanzado" por su actitud. No obstante, el propio Chamizo, en declaraciones a Público, puntualizó que no mostró su apoyo a las tesis de estos padres, limitándose a dar traslado de sus quejas a la Consejería de Educación. "No puedo tomar partido, pero mi postura no coincide necesariamente con la de las personas que piden amparo", remachó.

Guerrero se mostró muy duro con la Junta andaluza. "No querer renovar a los centros este concierto educativo, cuando se trata de un derecho de los padres reconocido constitucionalmente, es un atropello. Nuestros derechos son vulnerados por un tema ideológico", afirmó, "sorprendido" por el cambio de criterio del Gobierno andaluz después de "40 años sin ningún informe negativo" por parte de la inspección educativa.

Desde la Junta de Andalucía rebaten los argumentos de estos padres, que consideran lesionado el derecho a la libertad de elección del centro educativo, y puntualizan que los padres siguen teniendo plena libertad de elección, con el único cambio de que ahora los colegios no mixtos no serán subvencionados.

La instrucción de la Consejería de Educación se fundamenta en el artículo 84.3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que delimita muy nítidamente la cuestión: "En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Dicha norma también se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo que autoriza a las comunidades autónomas a negar el dinero público a los colegios que ofrezcan una educación segregadora. La petición de amparo de los padres al Defensor del Pueblo se suma a su amenaza de acudir a los tribunales si la Junta no da marcha atrás.

No obstante, la Consejería de Educación ya ha dado muestras de flexibilidad. La semana pasada, la consejera del ramo, Mar Moreno, ofertó a estos centros un convenio para que cambien su modelo durante el curso 2009-2010, pese a que los conciertos se han agotado ya.

Es decir, en la práctica se ofrecía a estos centros la posibilidad de estar un año adaptándose a la nueva norma, sin cumplirla en todos sus extremos, para que no perdieran la opción de tener subvenciones ningún curso. Según fuentes de Educación, la postura de la Junta frente a las quejas de estos padres se limita a este ofrecimiento de la consejera. No hay previstas, por tanto, más cesiones, por lo que todo apunta a que el tema desembocará en los tribunales de justicia.