CiU pedirá este miércoles en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados la elaboración de un informe anual relativo a la situación de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España, dependientes del Ministerio del Interior y gestionados por el Cuerpo Nacional de Policía, dada la preocupación social suscitada por las condiciones de vida de las personas extranjeras internadas en centros en estos últimos años.

Se trata de una proposición no de ley en la que, entre otros aspectos, CiU pide al Gobierno la recopilación del número de ingresos, de expulsiones y de puestas en libertad, así como los motivos que han llevado a esa puesta en libertad; la estancia media de los extranjeros; la provincia y circunstancias de la detención; el motivo de ingreso en el CIE; la nacionalidad, el sexo y el tiempo en España al momento de la detención; o el régimen de estancia, por ejemplo.

Igualmente, solicita que se refleje en los mismos la situación socio-sanitaria y atención a los internos; el régimen de visitas; información sobre víctimas de trata de seres humanos y víctimas de violencia de género; los solicitantes de asilo y situaciones similares; el número, los motivos y las medidas adoptadas en relación a las quejas formuladas al director; así como las resoluciones de los Juzgados de control.

CiU desea a su vez que la información se presente por cada centro individualmente, así como los datos consolidados relativos a todos los centros en su conjunto y que el informe sea presentado mediante la oportuna comparecencia del Gobierno ante la Comisión de Interior del Congreso.

Existen ocho centros con capacidad para unas 2.500 personas simultáneamente, ubicados en Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Algeciras, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Los nacionalistas catalanes recuerdan que el Defensor del Pueblo, defensores del ámbito autonómico, la Fiscalía General del Estado y, 'muy especialmente', las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de extranjeros, han denunciado las condiciones del régimen de internamiento y han propuesto soluciones para evitar hechos que de ningún modo deben producirse en un Estado de derecho.

'Una de las críticas más reiteradas, junto con la necesidad de cumplir el mandato legal de aprobar el reglamento del régimen de los centros, es la falta de datos en relación a cuántas personas se internan en los centros, cuántas son expulsadas del territorio, condiciones de internamiento, servicios que se ofrecen, quejas que se formulan', añade CiU. Además, critica que el Ministerio del Interior no publique cifras relativas a los CIE por lo que ve necesario dar la 'máxima transparencia' y acabar con la opacidad que preside la situación de los centros de internamiento de extranjeros.

'Deben ofrecerse los datos y estadísticas generales sobre el movimiento de personas y su situación, así como en relación a otros aspectos jurídicamente relevantes, como son, por ejemplo, víctimas de trata de seres humanos, de violencia de género, o solicitantes de asilo y otras situaciones similares, que permitan comprobar si están funcionando los mecanismos de protección', concluye CiU. En este contexto, una de las reivindicaciones de CiU desde la anterior legislatura es que desde 2009 está pendiente la presentación por parte del Ejecutivo, anteriormente socialista y ahora popular, del nuevo reglamento que regula estos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).