Otras cinco autonomías persiguen la abolición

El músculo político que los antitaurinos han ganado en los últimos años está recibiendo por respuesta el blindaje de las plazas donde la tauromaquia está más enraizada, como Madrid, donde Esperanza Aguirre declaró las corridas Bien de Interés Cultural en 2010. La región de Murcia y varios municipios gobernados por el PP siguieron rápido sus pasos. La última ha sido Castilla-La Mancha, el pasado mes de agosto.

Sin embargo, la iniciativa de Madrid no caló en Asturias, Illes Balears, Navarra, Galicia o Euskadi, donde la falta de afición por matar toros mantiene el pulso de los colectivos antitaurinos. Ninguna de estas autonomías superó las 25 corridas el año pasado. Catalunya mató a 12 toros. En todo el país, fueron 611, con Andalucía (126) y Madrid (102), a la cabeza.

No obstante, los partidos políticos y las asociaciones abolicionistas reconocen que están "a años luz" de Catalunya, porque "falta voluntad política", reflexiona la portavoz del Partido Animalista PACMA, Silvia Barquero. En todas han emprendido iniciativas legales y el PACMA señala Illes Balears como la región con más posibilidades para seguir la estela de Catalunya, aunque harán falta varios años.

Una de las últimas en crear un colectivo de referencia fue Euskadi. En septiembre de 2010, nació la Plataforma Ciudadana por la Abolición de la Tauromaquia, Nahiko!, que, a corto plazo, reivindica revisar la entrada a las plazas de toros a los menores de edad. Nahiko! acusa al PSE y al PP de bloquear el debate sobre los toros en Euskadi.

La abolición en Catalunya no fue, sin embargo, la primera. Canarias, a propuesta del diputado regional del PP, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, dio el primer paso al prohibir la práctica en 1991. En el archipiélago, falto de tradición, no hubo polémicas.

Pero, 20 años después, el PP ha hecho de los toros una de sus banderas y ha cerrado filas para evitar repetir otro patinazo como el canario. La conquista de nuevos gobiernos autonómicos en las autonómicas de primavera potencia, según los colectivos, que otras regiones sigan los pasos de Madrid, como ya ha hecho Castilla-La Mancha.

A nivel nacional, los partidarios de las corridas tratan de conseguir 500.000 firmas antes del 12 de noviembre, para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso. El objetivo: declarar los toros Bien de Interés Cultural en toda España. Pero el ritmo de recogida en las peñas taurinas no está respondiendo "a lo esperado", según Luis Gibert, presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Catalunya.

El peso político del lobby taurino contrasta con la languidez de sus bases. Por el contrario, el activismo antitaurino ha crecido de abajo hacia arriba y ha entrado en la agenda política con fuerza en los últimos años. Ya no se trata de realizar sólo performances de sensibilización en la vía pública. El caso más destacado es el PACMA. Tanto esta formación como Iniciativa per Catalunya Verds reconocen haber trabajado por presentar una candidatura conjunta, aunque la propuesta no ha cuajado.

El PACMA, fundado en 2003, presentó candidaturas al Senado por primera vez en las elecciones generales de 2004. Obtuvo 64.947 votos. En 2008, se extendió al 90% de las provincias, en las que logró 44.795 apoyos al Congreso y 132.077 al Senado. Estos días, trata de reunir las 35.000 firmas necesarias para poder presentase a las elecciones del 20-N en todas las circunscripciones.