Cinco autonomían piden que la nueva directiva de la UE del tabaco equilibre proteger salud y empleo

Las comunidades de Cantabria, Andalucía, Extremadura, Canarias y La Rioja han reclamado este viernes de forma conjunta que la nueva directiva europea sobre el tabaco garantice un equilibrio entre la protección de la salud y la defensa del empleo y la actividad económica en este sector.

Esa reivindicación ha quedado plasmada en una declaración institucional conjunta suscrita en la localidad cántabra de El Bosque (Entrambasaguas), en la que las cinco comunidades muestran su "preocupación" por los efectos que puede tener la revisión de esta normativa sobre un sector estratégico en sus respectivos territorios y que emplea a 56.000 personas en España.

En la declaración institucional, los representantes autonómicos subrayan que comparten los objetivos de la directiva, entre ellos, el de proteger la salud y reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes. Pero insisten en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre esos fines y la actividad y el empleo en un sector que, según recuerdan, es también una importante fuente de ingresos a través de impuestos, con una recaudación anual de 9.300 millones de euros. En su opinión, la Unión Europea debe "reconsiderar" su propuesta y piden la colaboración del Gobierno español para conseguir que la revisión de la directiva sea "proporcionada" a los objetivos pretendidos.

A juicio del presidente extremeño, José Antonio Monago, la Unión Europea ha planteado de forma "tramposa" y "amañada" el debate sobre el tabaco, porque habla de proteger la salud pero en su propuesta de directiva regula solo cuestiones empresariales. Monago ha defendido que el tabaco es un producto legal, que genera "mucho empleo", que contribuye a fijar la población en las zonas rurales y para el que además "a día de hoy no hay una alternativa viable". En Extremadura, ha recordado, se cultiva el 95 por ciento del tabaco nacional y el sector proporciona empleo a 25.000 familias.

El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha confiado en que el Ejecutivo central defienda "con uñas y dientes" este sector, sobre todo, en estos momentos de crisis económica y de alta tasa de paro, especialmente en su comunidad. Rivero ha destacado que el del tabaco es uno de los pocos sectores industriales que en Canarias "sigue vivo" y aunque ha ido perdiendo peso, actualmente viven de él 5.000 familias.

El jefe del Ejecutivo cántabro, Ignacio Diego, ha llamado a la implicación de todos para "hacer lo posible" para alcanzar el "necesario equilibrio" y ha subrayado que, con la firma de la declaración conjunta, las cinco comunidades están haciendo "un ejercicio de responsabilidad". Diego ha hecho también hincapié en que el cultivo de tabaco y su transformación son "legales" y están "perfectamente regulados".

Para el presidente riojano, Pedro Sanz, nadie debe "rasgarse las vestiduras" con este debate, que se debe abordar, a su juicio, "sin confrontación y con toda naturalidad". Sanz ha subrayado la vinculación de La Rioja con la industria del tabaco, presente en Logroño desde hace 120 años, una vinculación- ha apuntado- que no es solo económica, sino también social y cultural.

Por su parte, el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha confiado en que esta declaración institucional contribuya a que el Gobierno español tenga "una voz y argumentos más claros" en Europa, frente a una reforma que, en su opinión, no está "suficientemente justificada".

En representación del sector, el presidente de Tabacalera, Fernando Domínguez, ha afirmado que la industria tabaquera soporta la presión de una regulación "asfixiante" pero que aún la Unión Europea considera insuficiente. Y ha abogado por una futura regulación que no vaya más allá de lo que aconseja "el sentido común" y que garantice también el derecho a la libre elección de los consumidores.

Juan Páramo, de la Mesa del Tabaco, ha señalado, como aspectos más perjudiciales para el sector, que la futura normativa introduce, en su opinión, "inseguridad jurídica", busca una estandarización de formatos, sabores y apariencias y aumenta el tamaño de los advertencias sanitarias hasta el 75 por ciento de la cajetilla.