Este artículo se publicó hace 16 años.
El CGPJ decidirá el martes sobre la sanción al juez de Sevilla Rafael Tirado
El Consejo General del Poder Judicial decidirá el próximo martes sobre la sanción que impondrá al juez de Sevilla Rafael Tirado por el retraso en ordenar la ejecución de la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, Santiago del Valle.
El pleno del CGPJ no necesariamente tiene que ceñirse a la propuesta del ponente, Félix Azón, quien ha pedido que se confirme la multa de 1.500 euros impuesta al juez por el anterior Consejo o que se le sancione por una falta muy grave con suspensión de uno a seis meses, lo que no implicaría su traslado de Juzgado.
Azón ha propuesto además al pleno que desestime el recurso de Tirado.
La Fiscalía solicitó en su recurso que se le impusiera al juez la sanción de suspensión por tres años.
El juez "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba", dice el recurso del fiscal.
Por su parte, el propio Tirado reclamó el archivo de su expediente al estimar que no ha cometido infracción disciplinaria alguna.
Del Valle fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Tirado, a dos años y nueve meses prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005.
La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses, lo que propició que Del Valle estuviera en libertad cuando la niña Mari Luz Cortés fue asesinada.
La comisión disciplinaria del antiguo CGPJ atribuyó parte de la responsabilidad de lo sucedido a la secretaria judicial, al fiscal y a los funcionarios del Juzgado.
De hecho, la secretaria judicial, Juana Gálvez, fue sancionada por el Ministerio de Justicia con dos años de suspensión de empleo y sueldo, decisión que ésta ha recurrido.
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