El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado hoy la denuncia que el sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por dejar en libertad bajo fianza de 12.000 euros a la etarra Maite Aranalde, que posteriormente se dio a la fuga.

Así lo han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que han señalado que la comisión disciplinaria del CGPJ ha adoptado este acuerdo por cuatro votos a uno.

El CGPJ ha considerado que los hechos objeto de la denuncia constituyen una cuestión "estrictamente jurisdiccional sin relevancia disciplinaria", por lo que no investigará los hechos denunciados por Manos Limpias.

Han votado a favor de no investigar al titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional los vocales del Consejo Pío Aguirre, Gema Gallego, Miguel Carmona y Margarita Uría.

Por su parte, el vocal José Manuel Gómez Benítez, ex abogado del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ha votado en contra por entender que debería abrirse una información previa al objeto de investigar debidamente los hechos.

Manos Limpias alegaba en su denuncia que Velasco incurrió en "negligencia grave" y que merecía una sanción disciplinaria.

"Este hecho ha causado una gravísima alarma social y pone en tela de juicio la responsabilidad de algunos jueces y magistrados cuando se trata de procedimientos que afectan al terrorismo", señalaba el sindicato ultraderechista sin representación en ningún centro de trabajo.

El pasado 3 de septiembre la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional concluyó que tanto Velasco, que impuso una fianza de 12.000 euros a la etarra Maite Aranalde tras ser extraditada por Francia y que posteriormente se dio a la fuga, como el juez Baltasar Garzón, que ordenó su ingreso en prisión, actuaron de manera correcta.

La Sala de Gobierno acordó entonces por unanimidad que no había lugar a incoar diligencias informativas para que sean remitidas al CGPJ.

Aranalde, sobre la que pesa una orden de busca y captura, fue extraditada por Francia a finales del pasado mes de agosto, pero sólo para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al "comando Donosti" de ETA y no por su presunta participación en la colocación de varias bombas en gasolineras de Madrid en el "puente" de la Constitución en 2004, ya que Francia había extraviado la documentación de esta última causa.

Por la primera de las causas, Velasco -que sustituía a Garzón mientras éste estaba de vacaciones- ordenó su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros que abonó el pasado 28 de agosto, día en el que salió de la prisión madrileña de Soto del Real y en el que el juez también acordó retirarle el pasaporte y fijar comparecencias semanales.

Estas decisiones fueron recurridas por la Fiscalía al considerar que existía un alto riesgo de fuga de Aranalde, aunque no se resolvió hasta que Garzón regresó de sus vacaciones.

Garzón estimó el recurso, ordenó el ingreso en prisión de la etarra y tras constatar que se encontraba en paradero desconocido emitió una orden de busca y captura nacional e internacional.