Este artículo se publicó hace 15 años.
La CE espera un acuerdo para flexibilizar los fondos de globalización antes de mayo
La Comisión Europea espera que los Veintisiete alcancen un acuerdo antes de mayo para que los Fondos de Globalización se puedan aplicar también a despidos provocados por la crisis, según dijo hoy el responsable comunitario de Empleo, Vladimir Spidla.
"Tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo, y esperamos conseguirlo antes del mes de mayo", dijo el comisario europeo al término del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo que se celebró hoy en Bruselas.
Aunque los estados miembros aún no tienen una posición única a este respecto, la presidencia checa de turno de la Unión confía en que "se va avanzar pronto hacia el consenso", según dijo el ministro checo de Empleo, Petr Necas.
La propuesta de la Comisión para flexibilizar los citados fondos ha contado hoy con el respaldo de las Comunidades Autónomas españolas, y contempla la reducción del umbral de despidos necesarios para optar a las ayudas desde 1.000 hasta 500 trabajadores.
La modificación también incluye un incremento del plazo para conceder las ayudas a los trabajadores despedidos de 12 a 24 meses, así como una subida del 50 al 75 por ciento la contribución comunitaria (el resto deben cubrirlo los Estados miembros).
En este último punto es donde existen más discrepancias, ya que algunos países como Alemania son reacios a que se aumente la dotación para los fondos.
Necas se decantó por negociar un porcentaje intermedio, en torno al 63 por ciento, y dijo que aunque el acuerdo se bloqueara por la negativa a incrementar la dotación, "se podría lograr una mejora bajando el número mínimo de despidos necesarios y utilizando así las ayudas para luchar contra crisis económica".
No obstante, advirtió de que si no se aumenta la contribución a los fondos, "las reservas se podrían agotar rápidamente, de modo que algunas solicitudes se quedarían sin ayudas".
El Fondo Europeo para la Adaptación a al Globalización entró en vigor el 1 de enero de 2007, y actualmente consiste en una dotación 500 millones de euros anuales para apoyar a los trabajadores que pierdan su trabajo por el traslado de empresas a lugares con menores salarios o requisitos legales.
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