Las CCAA se quedan en junio a una décima del déficit previsto para 2011

Las comunidades autónomas han cerrado el segundo trimestre del año con un déficit del 1,20 por ciento del PIB, hasta los 13.066,49 millones de euros, con lo que se queda a una décima del porcentaje previsto para todo el año, el 1,3 por ciento.

Así lo ha indicado la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien ha comparecido hoy en rueda de prensa junto al secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, para informar sobre los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas durante el segundo trimestre el año.

Salgado ha aclarado que los datos del primer semestre no recogen plenamente las medidas contenidas en los planes económicos financieros aprobados en los Consejos de Política Fiscal y Financiera de abril y junio, lo que pone de manifiesto la necesidad de iniciarlos cuanto antes.

Ha explicado que en conjunto, hasta el pasado mes de junio, los ingresos no financieros disminuyeron un 3,62 por ciento, hasta los 60.965,86 millones, mientras que los gastos no financieros aumentaron un 0,48 por ciento, hasta los 74.032,35 millones, lo que supone un déficit presupuestario equivalente al 1,20 por ciento del PIB.

La titular de Economía ha resaltado que parece haberse producido "una cierta aceleración del gasto en el primer semestre del año" en el que, ha recordado, ha habido una convocatoria electoral en la mayoría de las comunidades autónomas que podría haber condicionado este aumento del gasto.

Por eso, ha vaticinado que el porcentaje de gastos será inferior en los próximos meses y que, junto con la puesta en marcha de las medidas del Plan de Equilibrio Financiero las comunidades serán capaces "de cumplir" el objetivo de déficit.

Según sus datos, sólo cinco comunidades han logrado mantenerse por dejado del 0,75 por ciento del déficit, en concreto, Aragón (-0,63 por ciento), La Rioja (-0,64), Madrid (-0,70), Canarias (-0,71) y País Vasco, que ha sido la única que ha registrado un dato positivo, con 0,12 por ciento.

También ha informado de que tres comunidades presentaron un déficit por encima del 2 por ciento (Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha) y el resto de autonomías, entre el 0,75 y el 2 por ciento del PIB regional.

En todo caso, ha insistido en que los gobiernos autonómicos se han comprometido a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus respectivos planes de equilibrio.

Para que eso sea así, ha subrayado, el Ministerio seguirá recabando la información necesaria para asegurar que se corrigen las desviaciones, condicionando las siguientes autorizaciones de endeudamiento.

De ahí que la ministra haya convocado a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas que superaron el 0,75 por ciento de déficit a una reunión con el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Juan Manuel López Carbajo.

En ella, Gobierno y autonomías evaluarán la situación y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y las medidas incluidas en el Plan de Equilibrio y, si fuera necesario, se adoptarán medidas adicionales.

Además, estos encuentros bilaterales se producirán con la vista puesta en la recién aprobada reforma constitucional para limitar el déficit público, ya que tendrán que debatir sobre la nueva ley orgánica que definirá el déficit estructural.

Preguntada por los ajustes presupuestarios que han anunciado algunas comunidades, Salgado ha pedido que éstos no afecten a la calidad de los servicios básicos, como la educación y la sanidad, toda vez que ha advertido de que algunas de las actuaciones anunciadas no tienen en cuenta esos criterios.

En este sentido, ha recordado que el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas ya ha aportado fondos suficientes para que la educación, la sanidad y los servicios sociales estén garantizados.

Ha recordado que las comunidades autónomas tienen 120.000 millones de euros para dedicar al gasto de sanidad y de educación, por lo que les ha pedido "esfuerzos de eficiencia" a la hora de confeccionar sus presupuestos para que no afecten a la calidad, garantía y cohesión de los ciudadanos.

"Pedimos a las comunidades que se ajusten a los compromisos para cumplir los objetivos de déficit sin afectar a la calidad de los servicios públicos esenciales", ha apostillado.