Hay que ahorrar. Es lo que toca en las Administraciones Públicas en este momento de crisis. Hay que reducir, sí o sí, el déficit público. Es casi una orden de los organismos internacionales que guían a la economía española y del propio Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las comunidades autónomas parecen no darse por enteradas, por mucho que todas ellas han aprobado sus planes de estabilidad correspondientes. Al menos así lo demuestra su grado de endeudamiento, que sigue creciendo al ritmo desaforado del último año y medio, pese a la insistencia del Estado de que tienen que ajustarse el cinturón porque todo el mundo tiene que arrimar el hombro para cumplir las condiciones europeas.

En total, el endeudamiento de las administraciones públicas asciende a 598.254 millones, el 56,6% del PIB, por debajo del umbral del 60% marcado por la UE, y unos 20 puntos inferior a la media europea.

Las comunidades autónomas adeudan 21.294 millones más que hace un año

Al cierre de junio, la deuda autonómica superó por primera vez los 100.000 millones (en concreto 103.574 millones), tras registrar en un año el mayor crecimiento de su historia: 21.294 millones. Es un aumento interanual de casi el 26%, que no difiere demasiado de los incrementos de entorno al 30% que venían registrando en los trimestres anteriores, cuando las órdenes de ajuste no parecían ser tan tajantes y de tanta urgencia. Y los datos trimestrales son aún más clarificantes: la deuda autonómica creció un 9,46%, frente al 2,71% estatal.

Mientras los gobiernos regionales siguen tirando de la deuda para mantener sus presupuestos, las corporaciones locales (principalmente ayuntamientos) son las que más controlado tienen su endeudamiento y las que menos lo han incrementado en el último año, un 11,4%, hasta 36.412 millones. Y precisamente es a ellos a quien el Gobierno les intentó prohibir que siguieran endeudándose en 2011, entre otras cosas porque son los que más descontrolados tienen sus presupuestos. Si no hay nuevos cambios, finalmente podrán pedir créditos en 2011 sólo aquellos que tengan el déficit controlado.

En el último año el Estado aumentó su debe un 18%, hasta 458.268 millones, pero tras moderar sustancialmente su ritmo de crecimiento, pues en 2009 se elevaba a tasas del 33%.

El consistorio de Madrid debe uno de cada cinco euros de los ayuntamientos

Dentro de las comunidades autónomas, Catalunya sigue de lejos en primera posición por volumen de endeudamiento, con 28.769 millones. Precisamente ayer, la agencia de calificación Fitch rebajó un escalón la calidad de la deuda de esta región y también la de Andalucía.

No obstante, en términos relativos, otras comunidades están creciendo a mayor velocidad que la catalana. El País Vasco casi triplicó su deuda en sólo un año, aunque partía de niveles muy reducidos, Canarias la aumentó un 55%, y Murcia y Navarra, otro 50%. Madrid es, con mucho, la que más está controlando esta partida, pues sólo la elevó un 7,42% en el último año, muy por debajo del 26% de media.

Tras estos crecimientos, los ciudadanos catalanes son los que más deben per cápita (3.833 euros), seguidos de los baleares (3.459 euros) y los valencianos (3.192 euros). La media regional es una deuda de 2.206 euros por habitante.

Por ayuntamientos, es el de Madrid quien lidera, muy por encima del resto, las clasificaciones. La corporación dirigida por Alberto Ruiz-Gallardón debe 7.144 millones, uno de cada cinco euros que están en el debe de las corporaciones locales, en las que se incluyen también diputaciones, entre otros entes.

Este ayuntamiento, en todo caso, sí se ha puesto manos a la obra en el ajuste y en el último trimestre redujo el volumen un 2,3% y en el año lo aumentó un 2,9%, mientras corporaciones como la de Barcelona lo elevaban un19,4% y la de Valencia, un 12,3%. El consistorio de Ruiz-Gallardón avanzó ayer en su intento de reducir sus gastos y anunció al Ministerio de Fomento que desde el 1 de septiembre deja de pagar la factura de la luz de la carretera de circunvalación M-40 (le cuesta 1,34 millones anuales), ya que es una vía de titularidad estatal, informa EP.