Australia y Japón se enfrentan desde hoy en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por la caza de ballenas en la Antártida.

Camberra presentó en 2010 una demada ante el máximo organismo judicial de la ONU al considerar que Japón utiliza el programa científico en la Antártida con fines comerciales violando las convenciones internacionales y las obligaciones de preservar el hábitat marino. Tokio, que abandonó la caza de ballenas en 1986 por una moratoria internacional, justifica la captura de cetáceos con fines científicos. 

'Australia se opone a cualquier forma de caza de ballenas con fines comerciales bajo la pantalla de búsqueda científica', indicó el vocal de la delegación australiana Bill Campbell en su alegato ante los jueces de la CIJ. 

Campbell sostuvo que el programa de investigación japonés 'simplemente no es ciencia', al tiempo que puso en tela de juicio que se apliquen métodos científicos como la propuesta de hipótesis y la respuesta sistemática, con revisiones periódicas de las mismas.

El agente australiano subrayó que la cuota de captura de cetáceos en la Antártida, que incluye la pesca anual de 935 ballenas 'minke', tiene 'niveles comerciales' y recordó que varios productos que utilizan estos mamíferos como materia prima se venden en los mercados nipones.

En los restaurantes japoneses, por ejemplo, se continúa ofertando carne de ballena, aunque su consumo ha caído con fuerza desde las 230.000 toneladas que se consumieron en 1962 hasta las 4.200 toneladas de consumo estimadas en 2009.

El programa en la Antártida supone la pesca anual de 935 ballenas

'El objetivo de ese programa es mantener la producción comercial de la industria ballenera' de Japón, aseguró también en la sala del alto tribunal el jurista de la delegación australiana Justin Gleeson. 

Tokio, por su parte, defendió que su programa es legal y está amparado por el artículo VIII de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena, firmada en 1946, que permite la caza de ballena con fines científicos.

'El artículo VIII concede permisos solamente en circunstancias especiales, para investigaciones nacionales identificadas y con objetivos bien definidos', sostuvo el jurista Gleeson.

La decisión de la CIJ creará un precedente que servirá como marco jurídico 

El portavoz de la representación japonesa, Noriyuki Shikata, incidió en que 'Japón está preparado para discutir contenidos del programa de investigación y demostrar que se ajusta al tratado' de 1946.

Las audiencias en este contencioso, en el que además interviene Nueva Zelanda, se prolongarán hasta el próximo 16 de julio. La decisión de la CIJ, además de solucionar la disputa entre las partes, creará un precedente que servirá como marco jurídico para la interpretación de la ICRW.