La Diada, la fiesta nacional catalana que se celebra cada 11 de septiembre, se presenta este año más reivindicativa denuncia en medio de una crisis económica que ha ahogado especialmente las arcas de la Generalitat catalana. A la manifestación que tendrá lugar mañana en Barcelona y que está llamada a convertirse en toda una reivindicación de la soberanía nacional catalana, acudirán representantes de todos los partidos del arco parlamentario catalán con la única excepción del PP. Y por eso, los organizadores de la marcha pero también el Govern, esperan que la movilización desborde todas las expectativas.

La Consejería de Interior, de acuerdo con los organizadores de la manifestación -la Asamblea Nacional Catalana, y el Ayuntamiento-, ha puesto en marcha un perfil de twitter para dar consejos de logística y seguridad durante la marcha. El objetivo del perfil, @seguretat11s, es informar de la afluencia de gente en diferentes puntos del recorrido y ofrecer consejos puntuales, e informará de la situación de las vías de entrada a la ciudad de Barcelona.

Además, la Generalitat, ante el riesgo de que las redes de telefonía móvil se puedan colapsar, recomienda fijar los puntos de encuentro, reducir el uso del envío de imágenes, desocupar la conexión 3G cuando no se utilice, retirarse de la manifestación en caso de llamada urgente y seguir la información a través de radio evitando navegar por Internet.

Por su parte, los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya clamarán econtra los recortes sociales y las políticas de austeridad en línea con la Plataforma Prou Retallades, que ha animado a los ciudadanos a participar en su campaña 'Yo quiero decidir por una Cataluña social'. Según han explicado en un comunicado, los sindicatos participarán este martes junto con la plataforma en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova para reivindicar una Cataluña social y una consulta popular sobre los recortes, bajo la consigna #jovulldecidir.

'El binomio avance social y avance nacional es inseparable', ha expresado la plataforma en un manifiesto, en el que exige educación, salud y servicios sociales universales y de calidad como pilares básicos del estado del bienestar, que a su juicio se está erosionando por políticas de austeridad que rescatan a los bancos antes que a las personas.