El caso Prestige enfada a los ecologistas

La decisión del juzgado número 1 de Corcubión (A Coruña) de eximir al Ministerio de Fomento de cualquier responsabilidad en la catástrofe del Prestige ha enfadado a las principales organizaciones que se movilizaron tras el vertido en contra del Gobierno entonces presidido por José María Aznar.

Greenpeace presentó ayer un escrito ante la Fiscalía General del Estado para instar a Cándido Conde-Pumpido a que recurra el auto, anunciado el pasado viernes, que retira la imputación al ex director de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, responsable de la decisión de alejar el petrolero de la costa. Sin embargo, la jueza mantiene la imputación al capitán del barco, al jefe de máquinas y al primer oficial.

El Prestige, considerado el Exxon Valdez español, se hundió en alta mar el 19 de noviembre de 2002. Y, según las organizaciones ecologistas, el desplazamiento del barco facilitó que las más de 60.000 toneladas de fuel vertidas se esparcieran por la Costa da Morte.

Para Greenpeace, las conclusiones de la fase de instrucción del sumario del caso Prestige suponen un "grave precedente" ante futuros accidentes marítimos, ya que auguran "impunidad frente a decisiones de la Administración".

El colectivo ecologista sigue pensando que la decisión de Fomento "provocó la mayor catástrofe ambiental que ha conocido este país", aunque, si la Justicia mantiene su veredicto, la plataforma Nunca Máis habrá perdido su principal bandera.