El caso de Caja Madrid es un "intervencionismo público descarado"

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón Quintás, ha considerado hoy que la situación de Caja Madrid se ha convertido en el caso de "intervencionismo público más descarado que recuerdo en los 26 años que llevo en el sector" y supone "la prostitución de un modelo".

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía, Quintás ha considerado que el hecho de que los partidos políticos pueden pactar fuera de los órganos de gobierno de una entidad lo que se va a decidir en ellos supone claramente "la prostitución de un modelo".

 

El problema de Caja Madrid es "de incomprensión o de olvido deliberado" 

 

En su opinión, más que "lamentable", adjetivo que usó ayer el ministro de Economía, Pedro Solbes, para calificar la situación de Caja Madrid, se trata de un caso "esperpéntico". Ante estas situaciones de intento de control político en las cajas, Quintás aseguró que el Consejo de Administración de la CECA ha pedido a todas las fuerzas políticas que "recapaciten".

"A ver si al final vamos a ser capaces de extinguir uno de los elementos estructuralmente más sólidos de la economía de este país simplemente por una pequeña ambición política de peleas en el patio del colegio", advirtió. Según Quintás, el problema de Caja Madrid es "de incomprensión o de olvido deliberado" por las fuerzas políticas de la regulación que tienen las cajas.

 Injerencias de los partidos

La Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorro (LORCA), recordó Quintás, dice "claramente" que el mandato de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas no es "imperativo", es decir, que nadie puede indicar el sentido del voto.

Sin embargo, lamentó, "nos estamos encontrando con que cualquier partido político está abriendo expedientes a consejeros generales de las cajas y lo hace, con todo descaro, porque no ha seguido el sentido del voto" que ellos querían. A su juicio, estos actos "violan la ley".

Para el presidente de la patronal bancaria, esta situación en la que entidades que durante casi dos siglos han sido autónomas y han tenido soberanía empresarial ahora sufran controles políticos es "extraordinariamente preocupante". "Se ha roto el principio fundamental constitutivo de los órganos de gobierno de las cajas, que es una representación equilibrada de los distintos grupos con intereses legítimos en la entidad", aseguró.

La Asamblea General de Caja Madrid rechazó ayer, con más de la mitad de los votos en contra, el nuevo proyecto de estatutos de la entidad adaptado a la normativa de cajas regional que aprobó el Gobierno de Esperanza Aguirre el pasado diciembre, tras lo cual el Ejecutivo autonómico de Madrid aseguró que los impondrá en el plazo máximo de un mes.