Cáritas atendió en 2011 a un millón de personas, el triple que hace cuatro años

El número de personas atendidas por los servicios de acogida y asistencia de Cáritas se ha multiplicado por 2,7 en sólo cuatro años. Las 370.251 personas atendidas en 2007 han pasado a ser más de un millón (1.015.276) en 2011, lo que supone un incremento de más del 174%, según ha anunciado hoy Cáritas.

En la presentación de su último informe, el séptimo que elabora sobre Los efectos permanentes de la crisis, el secretario general de esta organización, Sebastián Mora, ha expresado su "honda preocupación" y "radical incertidumbre por los efectos de la crisis". "Nos seguimos conmoviendo con desesperanza ante una crisis más extensa y un empeoramiento de la misma, profundo y rápido", ha opinado Mora, quien ha advertido que "se están erosionando los mecanismos básicos de la ayuda social".

Las causas principales de este incremento siguen siendo, según el texto, un proceso sostenido de destrucción de empleo, que reduce "de manera drástica" las posibilidades de ingresos económicos en numerosos hogares; y la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social.

Entre las necesidades básicas más demandadas entre 2007 y 2011, el mayor aumento se ha producido en el número de ayudas económicas para alimentación, seguidas de ropa/calzado y vivienda. Por detrás, aparecen otras necesidades, como gastos sanitarios y asuntos legales. En 2011, se registraron unas 400.000 respuestas de ayuda económica para alimentación, más de 50.000 para vivienda y 60.000 para ropa y calzado.

De esta forma, el gasto en ayudas económicas a las personas y familias destinados por las Cáritas Diocesanas a través de sus Servicios de Acogida y Asistencia se han duplicado entre 2007 y 2010, hasta alcanzar cerca de 33 millones de euros en ese último año.

El perfil de las personas atendidas sigue siendo mayoritariamente femenino. Destacan, asimismo, el elevado número de desempleados que han pasado de ser "recientes" -al inicio de la crisis- a ser de larga duración. También se han registrado "numerosas parejas jóvenes", de entre 20 y 40 años, con hijos, así como mujeres solas con familiares a cargo.

Los que han acudido por primera vez a los Servicios de Acogida en 2011 son personas de nacionalidad española y extracomunitarias en irregularidad sobrevenida; en riesgo de perder su vivienda; parejas con hijos y, en menor medida, personas solas y familias monoparentales; jóvenes adultos con una edad de 30 a 44 años; y personas sin ingresos o con Rentas Básicas o Mínimas. La media de ingresos de las personas atendidas en Cáritas es de 322 euros al mes.

Cáritas ha asegurado que atiende a un tercio de los inmigrantes en situación irregular de toda España. El informe señala que la mitad de las personas atendidas por la organización son inmigrantes y añade que "aproximadamente 130.000 de ellos están en situación de irregularidad". Por ello, y teniendo en cuenta que algunos estudios estiman que el total de personas en situación irregular en España ronda los 500.000, los responsables de la organización concluyen que están atendiendo "a un tercio del total".

Asimismo, Mora ha afirmado que desde el pasado 1 de septiembre, cuando se empezó a aplicar el Real Decreto ley por el que los 'sin papeles' dejaron de tener acceso a la tarjeta sanitaria, se empieza a manifestar "más presencia de este perfil de personas pidiendo ayuda sanitaria en las parroquias". Mora ha insistido en que la medida de ahorro "no ha sido bien sopesada por el Gobierno".

Mora ha alertado de un "debilitamiento de la red familiar" en su función protectora de sus miembros a causa de la duración de la crisis económica. Al respecto, ha afirmado que "lo que se está perdiendo ahora va a ser difícil recuperarlo en el futuro", ya que "los incrementos en las tasas de pobreza que tienen lugar en épocas de recesión no se ven compensados en épocas posteriores de bonanza".

Finalmente, ha reconocido que "los recursos de Cáritas están en un nivel límite" y lamenta que la organización "esté ocupando un hueco que debería ocupar la administración pública". En concreto, ha aludido a los "largos" tiempos de espera para obtener cita en los servicios sociales, para obtener respuesta y para que el cobro de las prestaciones sea efectivo. En este último punto, ha denunciado que "transcurre casi medio año desde la solicitud al cobre efectivo" en la administración pública.