La cara y la cruz de las escuelas infantiles

Extremadura y el País Valencià son la cara y la cruz de una misma moneda. Sus programas educativos ocupan los puestos extremos en la clasificación de matriculaciones en centros públicos de 0 a 3 años. En Extremadura hay 277 escuelas de este tipo. En el País Valencià, con 10.000 niños más escolarizados en esas edades, sólo 163. Extremadura es la comunidad con un mayor porcentaje de alumnos (un 71%) inscritos en centros de titularidad municipal, autonómica o con la gestión cedida a asociaciones o empresas, pero financiadas por la Administración. El País Valencià, en cambio, está a la cola, con sólo un 23% de alumnos apuntados a este tipo de centros, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El coste medio mensual de una plaza en Extremadura es de 71 euros; en el País Valencià, de 121.

Los casos de Elvira y Jorge son representativos de ambos modelos. Los dos están matriculados en centros de educación infantil para niños de 0 a 3 años y sus escuelas responden al perfil de las más financiadas por los gobiernos de sus comunidades. Elvira vive en Mérida (Extremadura) y sus padres pagan 147,58 euros al mes. La plaza de Jorge, en Valencia, les cuesta 278.

La Junta apuesta por lo público; la Generalitat refuerza las ayudas directas

Elvira ocupa una de las 10.338 plazas públicas de Extremadura. Su padre, Marceliano Galán, de 37 años, se declara "defensor a ultranza de lo público" y destaca la "función social" de las guarderías financiadas por la administración. Elvira entró en el centro infantil Los Gurrumelos, en Mérida, a los 16 meses.

"La Junta se propuso crear 100 escuelas entre 2007 y 2011 y dos años antes de cumplir este plazo, en 2009, la comunidad ya contaba con 140 nuevos centros", explica la consejera de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, Pilar Lucio (PSOE), que reconoce que pese a existir una lista de espera, es "completamente asumible". Por otro lado, destaca el acuerdo alcanzado en noviembre entre socialistas y PP para aprobar la Ley de Educación de Extremadura, un pacto inédito en educación a escala autonómica y nacional.

Lucio relata que hasta junio de 2010 la consejería concedía una ayuda a las familias a partir del segundo hijo que consistía en 300 euros mensuales durante el primer año de guardería; 150, el segundo, y 100 durante el tercero.

La crisis, que según informó ayer Público ha recortado los presupuestos de Educación para 2011 en 1.622 millones de euros, ha obligado a modificar ligeramente esta prestación en Extremadura. Ahora, la Junta entrega 600 euros anuales durante los dos primeros años de vida del primer hijo y garantiza una plaza en una guardería pública. Las familias con salarios inferiores a 24.000 euros (3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) tendrán la plaza gratis. La Consejería calcula que pertenecerán a este grupo el 70% de los niños que nazcan entre 2012 y 2013. El resto deberá pagar la plaza (el precio medio mensual es de 71 euros). En ambos casos, la Consejería abonará el 50% del coste del centro para el segundo hijo. "El objetivo es dar más prestaciones de servicios públicos, en lugar de promover ayudas directas a las familias", arguye Lucio.

En las antípodas de este sistema se encuentra el modelo educativo del País Valencià, centrado en los 467 centros privados, beneficiarios de un bono infantil que atorga la Generalitat. Representan el 72% de las 642 escuelas que hay en la comunidad, donde sólo 33 dependen enteramente de la Generalitat. Otras 140 están gestionadas por ayuntamientos y dos por las diputaciones. "Nuestro modelo garantiza una red mixta, pero potenciamos la ayuda directa a las familias", explica el director general de Ordenación y Centros Docentes del País Valencià, Rafael Carbonell.

Las cifras lo demuestran. En 2010, la Generalitat creó 5.249 plazas y se construyeron 92 centros de educación infantil de 0 a 3 años, la mayoría privados. El número de escuelas dependientes del Gobierno, en cambio, "lleva varios años sin aumentar", reconoce Carbonell. Los esfuerzos de la Generalitat se centran en el sistema de bono infantil, con el que se cofinanciaron el año pasado 30.796 plazas en centros no gestionados por ella.

Jorge es uno de esos alumnos. Sus padres le apuntaron el año pasado al centro privado Aurora, en Valencia. Pagan 278 euros al mes porque el ayuntamiento les da 50 euros y el bono infantil les descuenta 80 euros del precio total, que ascendería a 408 sin subvenciones. Cada centro privado pone su precio, pero el Gobierno fija un tope que oscila entre los 80 y los 460 euros mensuales, dependiendo de la edad del niño. La Generalitat financia una parte a través de los bonos infantiles, de 80 a 201 euros mensuales, también en función de la edad.

"No conozco a nadie que lleve a sus hijos a la escuela pública", cuenta Carmen Ruiz, la madre de Jorge: "Hay pocas plazas porque el sistema que potencia el Gobierno aquí son los bonos y yo estoy muy contenta".