El debate sobre el sistema electoral de las comunidades autónomas (CCAA) no se filtra a la gresca política. No. Y con razón. Porque depende directamente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de 1985. Ella ha sido el robusto molde de todas las normas electorales autonómicas. Algo más: es la solitaria referencia en Catalunya, la única comunidad que no ha redactado aún una ley propia.

Las CCAA aplicaron el mimetismo. La fotocopia rápida de la LOREG, coinciden los expertos consultados por Público. Se trasplantó la fórmula D’Hondt, se impuso una barrera legal (no la misma en todas, eso sí) y, con contadas excepciones, se hizo de la provincia la circunscripción electoral.

“Esa homogeneización cristalizó en los pactos autonómicos de UCD y PSOE de 1981, cinco meses después del 23-F”, explica Paloma Román, profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “La fórmula estaba ensayada en las generales de 1977 y 1979, y los grandes partidos prefirieron conservar para las asambleas regionales un sistema que les hacía ganar”. Para Rubén Ruiz-Rufino, investigador del Instituto Universitario Europeo de Florencia, simplemente “se quiso evitar a partidos y votantes costes de aprendizaje” .

Pocas se salen del esquema

Con ese paisaje global, “escasean los sistemas singulares”, subraya Alberto Penadés, profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca. Y los que hay, no siempre han profundizado en la búsqueda de la proporcionalidad. Caso de Canarias. Su Estatuto, de 1982, impone en su disposición transitoria primera un doble umbral electoral: para que un partido obtenga escaño en el Parlamento regional, debe recabar al menos el 30% de los votos en cada isla o el 6% en el conjunto del archipiélago.

Esa barrera influye. También el desigual tamaño de las circunscripciones: El Hierro, la isla más pequeña (10.558 habitantes), se adjudica tres escaños, mientras que a Tenerife, la más poblada (865.070 personas, casi 82 veces más grande), le corresponden 15 diputados, sólo cinco veces más.
De ahí que no sorprenda que el Parlamento de Canarias sea la cámara legislativa más desproporcional de toda España, más que el Congreso . Su índice de desviación, según la fórmula de Loosemore-Hanby, es de 17,30% –el de la Cámara baja marca un 10,92%–. Una cifra “extraordinariamente alta”, añade Penadés, “que le asimila a los sistemas mayoritarios, cuyo índice de desproporcionalidad suele superar el 15%”.

El modelo “ha aquilatado la erosión de los partidos isleños”, destaca Ferran Domínguez, profesor de Derecho Electoral de la Autónoma de Barcelona. “Desde esa perspectiva, parece razonable”. Juan Fernando López Aguilar discrepa. Entiende, y con él el PSOE de las islas, del que es secretario general, que Coalición Canaria quiere preservar un modelo que le favorece.

Condición ‘sine qua non’

Y no transigirá. Ha puesto por delante la reforma del sistema electoral para negociar el nuevo Estatuto. “Buscamos rebajar las barreras al 15% insular y al 3% regional, y que se añada una circunscripción del archipiélago, para que sólo compitan por el Gobierno fuerzas con un proyecto vertebrador”, relata el ex ministro a Público.

“Hay que acabar con un sistema injusto, el único impugnado por el Defensor del Pueblo ante el Constitucional”. Una demanda que desestimó el TC en 1998. El presidente regional, Paulino Rivero, ya aseveró a este diario en una reciente entrevista que no cedería “ni un milímetro” a la voluntad del PSOE, pues la arquitectura electoral debe quedar “fuera” del debate del Estatuto.

Valencia comparte con Canarias el tope. Un listón extrañamente elevado: el 5%. Los partidos deben tocar ese porcentaje en el cómputo de toda comunidad –no en cada provincia– para acceder a las Cortes regionales. El umbral ha obligado a las alianzas de los terceros partidos como única forma de supervivencia.

Arquitecturas identitarias

Particular es también el modelo de Euskadi. Los escaños no se reparten según la población. Cada territorio histórico se reserva 25 escaños en la Cámara de Vitoria. Pese a la prima que se concede a Álava, el Parlamento limita su desproporcionalidad a un 4,51%. “En el País Vasco, y también en Catalunya, el sistema ha sabido combinar el conflicto territorial y el identitario”, señala Ignacio Urquizu, politólogo de la Fundación Alternativas.

Asturias y Murcia han colado otro elemento nuevo: la ruptura de la provincia como unidad electoral. La primera se divide en tres distritos en las autonómicas y la segunda, en cinco. Ambas violan una regla básica: cuanto más se reducen las circunscripciones, más se daña la justicia entre fuerzas.

Entonces, ¿pintan bastos? No, a pesar de todo. “Las cámaras regionales guardan más la proporcionalidad: son asambleas grandes y los distritos, también”, sostiene Román. “El sistema genera estabilidad y en las CCAA, las pequeñas fuerzas no están infrarrepresentadas”, completa Urquizu. Penadés aporta algo más: “Se crean pautas de organización interna, una forma de competir. Cambiarlo podría crear disfuncionalidades. Riesgo”.

Por eso apenas hay ruido. Los modelos electorales nacen con una vocación: quedarse.

 

LA RADIOGRAFÍA
Navarra, la mejor nota; IU, la fuerza más penalizada

3,70%, la menor desviación // Navarra gana en el ranking. Aplicando el criterio de Loosemore-Hanby, obtiene un índice de desviación de la proporcionalidad mínimo, de un 3,70%. Se debe a que es una Cámara amplia, de 50 diputados, para una población corta (casi 606.000 habitantes).

De 4,22 a 17,30%, de Galicia a Canarias // El listado de desproporcionalidad, confeccionado por Alberto Penadés, continúa en Galicia (4,22%). Siguen Madrid, País Vasco, La Rioja y Cantabria, todas uniprovinciales (a excepción de Euskadi). En la parte media de la tabla, Castilla-La Mancha (5,66%), Melilla, Valencia, Catalunya, Murcia y Andalucía. Finalizan el ranking, con desviaciones superiores al 8%, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León, Ceuta, Asturias (10,91%) y, ya lejísimos, Canarias (17,30%).

10, las peores CCAA para IU // IU está presente, sola o en alianza, en 11 de los 19 parlamentos. En diez de ellos sufre penalización y sólo en uno, en Madrid, premio (0,31%). El mayor castigo lo recibe en Asturias. Allí marca el índice de desviación de todos los partidos más alto de España (7,47%). En Castilla-La Mancha (3,42%) o Extremadura (4,52%), IU ni entra.

+10,82%, el mayor premio // Y lo recibe el PP ceutí. Recabó el 65,18% de los votos y el 76% de los escaños. Es notable la prima de los populares murcianos (+6,14%) o los castellanoleoneses (+8,66%). El PSOE tiene suculentos premios en Canarias (+8,82%) o Extremadura (+5,47%). La compensación media del PP alcanza el 3,67% en 18 parlamentos (sólo es castigado, y por la mínima –0,28%–, en Catalunya), mientras que la del PSOE es menor, de un 2,91%. Su única penalización, en Ceuta.