El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado hoy que todas las denuncias y todos los informes que ha planteado la oposición sobre el "caso Gürtel" son "infundados", y tiene un informe elaborado por la Abogacía General de la Generalitat que así lo demuestra.

Camps se ha pronunciado así en el pleno de Les Corts Valencianes, donde la oposición le ha preguntado sobre la relación del Gobierno valenciano con empresas de la trama Gürtel y sobre la presencia de las mismas en la organización de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006.

El president ha acusado al portavoz socialista, Ángel Luna, de vivir en un mundo de "denuncias anónimas" y de informes que no se sabe "de dónde vienen" o que "no tienen ningún tipo de valor", como el de la Unidad de Auxilio Judicial sobre supuestas irregularidades en las contrataciones de la Generalitat con la trama.

Según ha dicho, el Supremo considera que los funcionarios que lo elaboraron "quedan insertos en la línea de la acusación del Ministerio público, con evidente interés en que la misma prospere", por lo que asumen la "doble posición judicial de denunciante y perito", y "su imparcialidad objetiva queda totalmente contaminada".

Luna ha desvelado que en el sumario del "caso Gürtel" aparecen 289 facturas sobre la visita del Papa que reflejan que Radiotelevisión Valenciana pagó 14,5 millones de euros a empresas de la trama, sin un solo contrato por concurso público, y le ha preguntado "cuántos chanchullos hay debajo de estas contrataciones".

De esas facturas, ha dicho, hay 50 del mismo proveedor, 30 iguales, 2 que superan los 40.000 euros, un alquiler de unidades móviles por 944.000 euros y un alquiler de centro de prensa por 3'2 millones hechos por procedimiento negociado sin publicidad, además del contrato de Teconsa por 7'5 millones para las pantallas y sonorización.

Luna ha asegurado que, de ese contrato, se desprenden a su vez otros por un total de 414.000 euros, como uno de 240.000 euros para la seguridad de las pantallas, otro 98.000 euros para técnicos que la pongan en marcha, 20.500 euros para receptores para recibir la señal y 53.000 euros para grupos electrógenos, además de 183 contratos temporales de personal.

"Lo que sí hay son certezas: que la trama anduvo por ahí, que su amigo Alvarito se jactaba de tener influencia y además hay certezas de que se llevaron bastante dinero de todo esto", ha señalado Luna, para quien los comunicados de apoyo del PP y sus encuestas son una forma "patética y patente de demostrar su debilidad".

Camps ha replicado, en referencia de Teconsa, que es "curioso" que hable de una empresa "que tantas contrataciones ha recibido del Gobierno socialista, antes y después de saberse" su relación con la trama, y ha asegurado que no la conoce "de nada", mientras que los socialistas la han "llenado de adjudicaciones constantemente".

Luna también ha denunciado que una empresa reclama a la Fundación organizadora de la visita papal una deuda de 850.000 euros, y que en el sumario consta una denuncia del coordinador de esa visita, José Selva, que se vio obligado a dimitir al poco tiempo ante las "graves corruptelas" en las adjudicaciones que podían afectar al propio Papa.

El portavoz socialista ha preguntado a Camps si es posible que su conciencia la permitiera "anteponer los intereses de la trama al riesgo de contaminar al Santo Padre", a lo que el president ha dicho que "por fin se trata con respeto" al Papa, y si estos meses han servido para Luna que se dirija al Papa como el Santo Padre, "vale la pena estos jueves".

El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha preguntado a Camps si es el responsable de la firma de 85 contratos de la Generalitat con la trama corrupta, si ordenó la contratación sistemática con ella, si hizo posible "que el señor Bigotes saqueara las arcas públicas de la Generalitat", y le ha instado a colaborar con la Justicia para aclarar "la verdad".

El president ha insistido en la "falta de rigor" del informe de la Unidad de Auxilio judicial hecho por un funcionario del Gobierno central, que carece de remisión a preceptos legales concretos que se consideran vulnerados, lo que evidencia su "alto grado de subjetividad y ausencia de rigor", lo que resulta "intolerable".

Ha insistido en la "absoluta transparencia" del Gobierno valenciano, fiscalizado por la Sindicatura de Comptes y el Tribunal de Cuentas, y ha lamentado que, desde que gobierna el PSOE, la valenciana es la autonomía que más veces ha sido reclamada por este Tribunal, "en manos de los socialistas y de la izquierda", pero "nunca encuentran ningún problema".