Camps intenta censurar el lenguaje de las televisiones

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quiere impedir que las televisiones empleen el término "corrupción" cuando se hable de las listas del PP valenciano. Su partido ha presentado una queja ante la Junta Electoral Autonómica del PaÍs Valencià, que luego se ha elevado a la Junta Electoral Central, contra Televisión Española, Telecinco, Cuatro y La Sexta por el tratamiento informativo que han dado durante los últimos días a los escándalos de corrupción del PP valenciano.

Los servicios informativos de las cuatro cadenas informaron, desde el pasado viernes, sobre la aprobación de las listas autonómicas del PP. En ellas figuran tres imputados: el propio Camps, Ricardo Costa, ex secretario general de la formación regional, y Jorge Bellver, concejal en el Ayuntamiento de Valencia. Además, hay otros seis implicados en casos de corrupción.

La queja de Camps se dirige contra TVE, Telecinco, Cuatro y La Sexta

En las informaciones de las cuatro cadenas, al igual que en la mayoría de las radios y periódicos de toda España, se destacó el insólito hecho de que las listas de un partido estuvieran llenas de "implicados" en casos de "corrupción". "En algunos medios también se hablaba de imputados de forma incorrecta", según el PP. De acuerdo con la versión recabada por este diario en las diversas cadenas, sólo "en un sumario" de Cuatro se utilizó "una vez" el término de forma no precisa.

El PP valenciano defiende en sus denuncias ante la Junta Electoral que ninguna de las personas que forman parte de las candidaturas se encuentra incursa en causa alguna por "corrupción. Sencillamente porque tal corrupción no constituye un tipo penal, sino que es una expresión que pretende, de forma deliberada, dañar la imagen pública". Pese a que todos los medios utilizan el término "corrupción" para hablar de ciertas conductas ilícitas, el PP entiende que "es una forma consciente de manipular la opinión". De igual forma, el PP también pone pegas al uso del término "implicado" porque, a su entender, "no responde a una posición procesal".

Los conservadores creen que estos hechos suponen una vulneración de la neutralidad informativa por parte de las televisiones y pide a la Junta Electoral que dicte una resolución declarando que se produjo dicha quiebra de la imparcialidad y que obligue a las cadenas a difundir dicha decisión.

Las cuatro televisiones presentaran alegaciones a la denuncia del PP.