Camisetas de algodón y negociaciones 'sotto voce' en el Parlament

La décima legislatura catalana, la tercera bajo el signo de la crisis económica y la primera a la sombra del debate soberanista que motivó las elecciones anticipadas del pasado 25 de noviembre, ha arrancado esta mañana en el hemiciclo del Parc de la Ciutadella barcelonés. Su constitución deja algunas claves para interpretar el rumbo de este nuevo ciclo político.

La pluralidad continúa como un elemento consustancial al Palau del Parlament: los 135 diputados se reparten entre siete grupos, igualando la plusmarca que ya se alcanzó en los comicios de 2010. La diferencia es que el Partido Socialista, por primera vez desde la reinstauración de la democracia, ha perdido el rango de segunda plaza, obligando a un cambio en la asignación de los escaños que ocupa cada fuerza. A partir de hoy, la bancada tradicionalmente dedicada a la oposición -a la izquierda de Convergència i Unió, justo detrás de los escaños del Govern- está encabezada por Esquerra Republicana de Catalunya, relegando al PSC a una ubicación más retrasada. Oriol Junqueras, líder de la ERC más potente desde la Transición, podrá ejercer en la práctica como Pepito Grillo del Ejecutivo autonómico incluso aunque no ocupe ninguna de sus carteras.

Sin embargo, a diferencia de la legislatura anterior, el adelgazamiento electoral de CiU dibuja un reparto de fuerzas más igualado. Ello ha tenido traslación esta mañana en el proceso de formación de la Mesa del Parlament. Si en 2010 sólo se nutría de tres partidos (CiU, PP y PSC), a partir de hoy habrá hasta cinco fuerzas representadas, sumando a las anteriores la vicepresidencia de Anna Simó (ERC) y una secretaría para Iniciativa per Catalunya. La presidencia de la cámara continuará en manos de Núria de Gispert, una veterana militante de Unió Democràtica, fruto del reparto de cargos que Artur Mas ha acordado con sus compañeros de coalición nacionalista.

A pesar de las reticencias que el presidente de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, plantea dentro de CiU contra la apuesta soberanista de Mas -y sus contactos con ERC-, Gispert ha pedido en su discurso de investidura que el Parlament esté "en sintonía con un pueblo en marcha", puesto que "Catalunya no es un país derrotado sino muy vivo, con aspiraciones nacionales". La reelegida presidenta de la cámara ha marcado como principales retos la superación de la crisis, el diseño de unas nuevas relaciones con España y el ejercicio del derecho a decidir.

Otra de las novedades de esta décima legislatura se deriva de la irrupción de la Candidatura d'Unitat Popular en el Parlament. Los tres diputados de esta formación asamblearia, independentista y anticapitalista suponen la aparición en la escena política de una corriente tradicionalmente alejada de las lámparas barrocas y las alfombras. Hoy han escenificado su apuesta por la renovación democrática y su indignación ante los repetidos casos de desahucios hipotecarios proponiendo como candidato a presidir la cámara autonómica a un ciudadano valenciano que intentó suicidarse antes de perder su casa. Para los restantes puestos de la mesa han votado a un joven asesinado supuestamente por un policía de paisano y otro víctima de un grupo fascista en el País Valenciano, una inmigrante fallecida en un centro de internamiento temporal, un sindicalista despedido de la empresa de transportes públicos de Barcelona y a Ester Quintana, la manifestante que perdió un ojo durante la última huelga general a consecuencia, presuntamente, de una pelota de goma lanzada por los Mossos. Aunque estos votos han sido declarados nulos, las camisetas de colores contra los recortes y los desahucios que lucían los parlamentarios de la CUP constituían un llamativo aporte de aire fresco entre una marea de corbatas, vestidos de gala y permanentes de peluquería.

Tras la constitución del Parlament, todas las miradas se dirigen hacia Artur Mas, que dispone de diez días hábiles para ser investido. Esta mañana departía con Duran i Lleida por primera vez desde que el jueves el president en funciones se reuniera con Junqueras para cerrar un acuerdo de gobernabilidad. Paradójicamente, el punto más compartido por CiU y ERC -la consulta por la autodeterminación- constituye ahora el gran motivo del desacuerdo. Mientras tanto, desde el PSC y el PP tratan de presionar en público y en privado para que Mas finalmente no llegue a un pacto con Esquerra. Y, sotto voce, el mundo de la empresa y las grandes fortunas catalanas también estaría entonando una cierta alarma ante el influjo de ERC sobre el nuevo Govern. En la zona alta de Barcelona recelan de una agenda soberanista demasiado acelerada, pero sobre todo de una presión impositiva con acento en las capas más adineradas como fórmula para esquivar los nuevos recortes previstos, por valor de unos 4.000 millones de euros.