Cae el cuarto alto cargo de Matas por corrupción

La policía nacional detuvo ayer a dos ex altos cargos del Govern de Jaume Matas relacionados con el caso Palma Arena, que investiga los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho en la construcción de este velódromo palmesano. La operación Espada se saldó en esta primera fase con cinco detenidos, entre ellos el ex concejal de Deportes del Ayuntamiento de Palma, presidente del consorcio del Palma Arena y actual portavoz municipal del PP, Rafael Durán, y el ex director general de Deportes, y medallista olímpico José Luis Pepote Ballester.

El PP balear hizo una lectura soprendente de la operación policial. Las detenciones, según los conservadores, son una "oportunidad" de "nuestra gente" para explicarse, según el portavoz del PP en Balears, Carlos Simarro. Precisamente, la ex alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, estuvo presente ayer durante el arresto de Durán en las oficinas del grupo municipal del PP en el consistorio palmesano y aseguró sentirse "tranquila" y "convencida que la gestión fue correcta".

El día comenzó en la capital balear con diversos registros en las oficinas del velódromo y de varios inmuebles de Palma, entre los que se encontraba la agencia de comunicación Nimbus, que dirige Miguel Romero, otro de los arrestados, y responsable de la publicidad de esta instalación y de la campaña electoral del PP balear en las últimas elecciones autonómicas.

Los otros dos detenidos son el gerente del Palma Arena durante el Ejecutivo de Matas, Jorge Moisés y el director de la Unión Temporal de empresas formada por Melchor Mascaró y Fomento de Construcciones y Contratas que llevó a cabo las obras de las instalaciones.

El caso Palma Arena se inició justo hace un año, en agosto de 2008. El titular del juzgado número 3 de Palma investiga dónde fue a parar el dinero que se invirtió en el velódromo, que costó el doble de lo presupuestado. El caso del pabellón, cuyos costes se dispararon de los 48 millones a más de 90, se abrió a raíz de la auditoría que realizó el actual Govern balear, que detectó importantes desviaciones de gasto en la construcción del complejo que regía un consorcio constituido por el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca. Rafael Durán, ahora portavoz del grupo municipal del PP en el ayuntamiento de la capital balear, dirigía entonces el consorcio.

El Palma Arena fue una de las obras estrella, junto al Metro de Palma, que el Govern del conservador Jaume Matas acometió en su último año de legislatura. La proximidad de las elecciones el velódromo se inauguró en marzo de 2007 con un espectacular montaje de la Fura dels Baus hizo que las obras se aceleraran disparando el presupuesto y las deficiencias. De hecho, el pabellón no sirve actualmente para lo que se construyó. La Unión Ciclista Internacional se ha negado a homologarlo este año a pesar de que en el 2007 se disputó en su pista el Mundial de Ciclismo.

El Ejecutivo actual ha intentado compensar el sobrecoste aprovechando el espacio para otros usos. Así, el día antes que se desatara la operación Espada, el Palma Arena albergó un concierto del tenor Plácido Domingo. Precisamente, uno de los asistentes al recital, fue el tenista mallorquín Rafael Nadal, quién disputó en ese mismo recinto la batalla de las superficies con Roger Federer.

Cabe recordar que éste es el cuarto caso en el que se ve implicado un director general del Govern de Jaume Matas. Antes que Pepote Ballester se detuvo, interrogó e imputó a Jaume Massot, director general de Urbanismo, imputado en el Caso Andratx; Kurt Viane, director general de Promoción Industrial, imputado en el caso Scala, y Juan Francisco Gálvez, director general de Joventut e implicado en el caso Turismo Joven.

Precisamente, la investigación del Palma Arena es la segunda que implica a la Conselleria de Joventut i Esports del anterior Ejecutivo, que lideraba Rosa Puig. Son estos cuatro casos los que afectan, directamente, a la gestión de Matas y su equipo, además del de Bitel 2, en que el ex gerente Bitel, se apropió de más de 200.000 euros de esta empresa pública mediante pagos con Visa y cobro de comisiones.