Busca y captura de los militares que mataron a Couso

Con el respaldo del Tribunal Supremo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reactivado el caso Couso. Su primera medida ha vuelto a ser la única que puede garantizar el interrogatorio y, en su caso, posterior juicio de los autores de la muerte del cámara español José Couso: ordenar la busca y captura internacional para ingreso en prisión de los tres militares que viajaban en el tanque estadounidense que disparó contra el hotel Palestina, en Bagdad.

Será difícil que Estados Unidos colabore con la investigación española poniendo a disposición del juez Pedraz a sus tres militares, el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp. Pero el magistrado confía en que, como los hechos ocurrieron bajo "el mandato de una anterior Administración de EEUU, siendo la actual distinta", las autoridades estadounidenses sí se presten ahora a "una efectiva cooperación (antes denegada)". Y pide al Departamento de Defensa y Justicia de EEUU que le remita la documentación existente sobre estos hechos y que los militares presten declaración, como ya ordenó en mayo de 2005.

La orden de arresto será una amenaza para los imputados al salir de su país

En cualquier caso, la orden que Pedraz cursó hoy por tercera vez impedirá a los tres imputados salir de su país sin la amenaza de ser detenidos y extraditados a España para responder por la muerte de Couso y de Taras Prostyuk, de la agencia Reuters. El antecedente más relevante es el que protagonizó el dictador chileno Augusto Pinochet cuando fue arrestado en Londres en 1998 por una orden similar cursada por el juez Baltasar Garzón.

Para asegurar el cumplimiento de su orden, el juez pide a la Comisaría General de Información, al Servicio de Información de la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inteligencia que "practiquen las gestiones oportunas para suministrar la completa filiación" de los militares estadounidenses y su posible paradero y destino actual. "Si es preciso y dentro de los límites legales de su actuación", el magistrado prevé "el desplazamiento" de agentes a los Estados Unidos "para realizar las pesquisas oportunas".

Por indicación del Pentágono

El magistrado tomará declaración al menos a cuatro nuevos testigos

El auto de busca y captura recuerda que "el 20 de marzo de 2003 comenzó un enfrentamiento bélico en Irak, cruzando tropas estadounidenses y británicas la frontera con Kuwait". Desde días antes la mayor parte de la prensa internacional estaba alojada en el hotel Palestina, "por indicación del Pentágono estadounidense", precisa la resolución.

En la madrugada del 8 de abril de 2003, la III División de Infantería del Ejército de Estados Unidos cruzó la zona occidental de Bagdad hasta situarse en la ribera del río Tigris. Al otro lado estaban las áreas residenciales de la capital iraquí y el hotel Palestina, "uno de los edificios más altos y emblemáticos de la ciudad". Hacia las 11.00 horas, uno de los tanques situados en un extremo del puente Jamurohaora a poco más de un kilómetro del hotel disparó un proyectil que impactó contra la planta 15, "pese a saber que se encontraba en zona civil" y que estaba ocupado por periodistas y civiles. La metralla mató a Couso y a Protsyuk, además de causar heridas graves a otros tres periodistas.

Pendientes de nuevos testigos

Según el juez, concurren "motivos bastantes" para creer que la orden de disparar se la dio De Camp al capitán Wolford, que autorizó a Gibson a lanzar el proyectil. Ese mismo día las fuerzas norteamericanas atacaron las sedes de las televisiones Al-Jazeera y Abu Dhabi. Para aclarar si los ataques contra la prensa pretendían amedrentarla para que no cubriera la entrada estadounidense en Bagdad, el juez pide identificar a los periodistas de dichas televisiones que fueron testigos de estos bombardeos.

El juez considera, como el Tribunal Supremo cuando ordenó reabrir la causa, que la muerte de Couso pudo ser un delito contra la comunidad internacional en concurso con homicidio, porque constituyó un ataque contra la población civil, con el objetivo de aterrorizarla, de los recogidos como crímenes de guerra en el Derecho Internacional.

El juez también acuerda tomar declaración a la ex sargento de Estados Unidos Adrienne Kinne, que en un programa de televisión dijo que oyó que el Palestina era un objetivo militar, y al catedrático de Derecho Internacional Público Gallinsoga Jordá. El propio Supremo dijo que eran pruebas que "no dejan de tener interés para el esclarecimiento de los hechos", así como otras que "pudieran practicarse".

Reconstrucción de lo ocurrido

Entre las pruebas previstas por el juez Pedraz destaca la de desplazarse a Bagdad para realizar "el oportuno reconocimiento judicial y, en la medida de lo posible, una reconstrucción de los hechos". Como la comisión rogatoria cursada a Irak nunca obtuvo respuesta, entiende que no es necesaria para viajar allí con la secretaria judicial y un funcionario, así como las partes y los periodistas españoles que estaban con Couso, Jon Sistiaga, Olga Rodríguez y Jesús Hernández Quiñonero, en los meses de octubre y noviembre próximos. Con el objetivo de gravar un vídeo del lugar donde ocurrieron los hechos, pide autorización al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La fiscalía de la Audiencia Nacional, que siempre se ha opuesto al procedimiento y con sus recursos ha conseguido que se revocara en dos ocasiones el procesamiento de los militares, no impugnará las resoluciones dictadas hoy por Pedraz. Fuentes fiscales señalaron que son las diligencias que le indicó el Tribunal Supremo cuando ordenó reabrir la causa, al apreciar un posible crimen de guerra.