Vicente Rambla, uno de los políticos del PP que integran el núcleo duro del president, Francisco Camps, también se cuenta entre los protagonistas de la relación estable construida por la trama Gürtel con la Administración valenciana.

En el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía sobre la relación entre el PP y Orange Market la empresa creada en Levante por la red corrupta, se examina detalladamente el papel que Rambla, inspector de Hacienda de profesión, jugaba en el entramado de intereses que está siendo investigado por los tribunales.

De hecho, la Policía le cita expresamente entre las personas de la Generalitat con las que Álvaro Pérez, El Bigotes, mantenía "una estrecha relación personal", un círculo de iniciados del que también formaban parte Ricardo Costa, hasta ayer secretario general del PP valenciano, y otras dos personas clave de la cúpula conservadora en ese territorio: el responsable de Organización del partido, David Serra, y la encargada de las cuentas, Yolanda García.

En justa correspondencia con su papel de coordinador del Ejecutivo de Camps, Rambla no sólo aparece en el informe policial como el interlocutor de El Bigotes para conseguir que la Generalitat adjudique un "tanto al año" a Orange Market, sino como la persona elegida por la red de corrupción para ayudar a Ricardo Costa, entonces responsable del partido, a pagar el dinero que el PP les adeudaba.

En una de las conversaciones intervenidas por la Policía, Álvaro Pérez indica a Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, que ha pedido a Vicente Rambla "que le aseguren un porcentaje de las adjudicaciones que realice, que le permita presentarse y controle la ejecución".

La carta del president

Otra de las grabaciones incluidas en el informe esta vez de un diálogo entre Álvaro Pérez y el jefe de la red de corrupción, Francisco Correa da cuenta de un desayuno en el que El Bigotes tiene intención de pedir a Rambla una carta que el presidente Francisco Camps habría escrito para apoyar las negociaciones que Orange Market estaba llevando a cabo para captar la organización en Valencia de la ceremonia de entrega de los Premios Grammy Latinos, un evento cuyo presupuesto él mismo evalúa entre 16 y 18 millones.

La serie de conversaciones que mantienen los jefes de la red Gürtel está plagada de referencias comprometedoras para Vicente Rambla. A comienzo de diciembre del año pasado, El Bigotes explica a Crespo que Rambla había aconsejado a un promotor de diferentes actividades que encargase su realización a Orange Market. "De dicha conversación concluye la Policía se infiere el interés de Vicente Rambla de favorecer a la empresa Orange Market con distintos negocios de los que tiene conocimiento por razón de su cargo de carácter público". La Brigada de Blanqueo cree además que, de este modo, el vicepresidente de la Generalitat trata de ofrecer una "contraprestación a los problemas de pago y las deudas que se tienen contraídas con la empresa Orange Market tanto la Comunidad Valenciana como el propio Partido Popular por la organización de eventos y otro tipo de prestación de servicios".

La estrategia para cobrar

Durante el mes de enero, las conversaciones intervenidas por la Policía, con autorización judicial, ponen de manifiesto la estrategia de la trama corrupta para que Orange Market pueda cobras las deudas pendientes. En esas fechas se suceden las reuniones entre El Bigotes y responsables políticos, entre los que se encuentra Vicente Rambla. A él es a quien recomiendan entregar el presupuesto para conseguir la adjudicación del pabellón valenciano de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) del año 2009.

El vicepresidente recomendó a un promotor contratar con la red Gürtel

Según la Policía, Pablo Crespo ordena elaborar "un papel" que El Bigotes va a llevar a Ricardo Costa y a Vicente Rambla. "En función del resultado, y con el fin de desbloquear la situación" de los pagos pendientes, El Bigotes tenía intención de hacer llegar el mismo "papel" al propio Francisco Camps, a través de la farmacia propiedad de su mujer.

El análisis policial de los archivos digitales intervenidos a los responsables de la trama muestra numerosas evidencias de la vinculación entre Orange Market y la financiación del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Las anotaciones en B aluden a la contratación de vallas publicitarias, colocación de gradas, actos en el recinto ferial o, de forma más genérica, a la campaña electoral de 2007. En algún caso, y aunque el presidente nacional del PP sostiene haber roto con la red corrupta en 2004, advertido por el entonces tesorero del partido, el contable de la trama anota 30.000 euros por el concepto "resto acto Rajoy 29-9-2006".

Las grabaciones muestran que los contactos de Rambla con El Bigotes son habituales

El beneficiario de la mayoría de estas anotaciones es el PP, pero también figuran dirigentes del partido, como Francisco Martínez, alcalde de Vila-real; David Serra, vicesecretario de Organización de los conservadores valencianos, o Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante.

El papel de los empresarios

Para desviar dinero público a las arcas del Partido Popular, la trama utilizaba a diferentes empresarios, como Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA; Antonio Pons, presidente del grupo Piaf; Vicente Cotino, de la inmobiliaria Sedesa, y Luis Batalla Romero, del grupo Lubasa.

Estos empresarios, explica el informe de la Brigada de Blanqueo, financiaban con sus aportaciones los actos que el Partido Popular valenciano celebraba con cargo a su cuenta B. El dinero se enmascaraba a través de facturas expedidas a favor de Orange Market y después recuperaban el dinero mediante contratos, prestación de servicios y realización de obras para las administraciones públicas, "obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política concretados en el pago de actos políticos".