La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció el jueves la creación de un comité deexpertos para elaborar una nueva ley del aborto que espera esté preparada para finales de 2009 ó principios de2010, aunque no entró en detalles sobre su contenido.

"No puede ser que en España una mujer que necesita interrumpir su embarazo legalmente pueda tenerdificultades. Por eso queremos un debate serio, sosegado y de altura que contribuya a la elaboración de la mejor leyposible", manifestó la responsable de Igualdad.

El comité está compuesto por profesores universitarios, expertos ginecólogos y juristas además de representantesde los ministerios de Justicia, Presidencia y Sanidad. No obstante, las clínicas privadas que se ocupan de estapráctica no están incluidas, aunque se tendrá en cuenta su opinión, según Aído.

"Una ley nueva, que será la mejor posible. Una ley que garantice los derechos fundamentales y la seguridadjurídica de las mujeres y los profesionales que las atienden. Que garantice la equidad territorial, para que no existandiferencias entre unas comunidades autónomas y otras. Una ley que incorpore lo mejor de la legislación existenteen el mundo en esta materia", manifestó la ministra.

Desde el Partido Popular se criticó la idoneidad de abordar este espinoso tema.

"Me parecería gravísimo, que un tema tan sensible entre las mujeres (...) se utilizara hoy como pantalla de humopara tapar la crisis económica", declaró esta mañana a RTVE Esteban González Pons, vicesecretario deComunicación del PP, antes de que Aído reuniera al comité.

España despenalizó el aborto en 1985 en tres casos concretos: para las mujeres víctimas de una violación, si elfeto trae una malformación o si hay riesgo para la madre, un supuesto que incluye riesgos psicológicos y que segúngrupos antiabortistas abre mucho el abanico.

último año contabilizado - se practicaron en España101.592 abortos, un tema que sigue provocando mucha polémica entre los sectores más conservadores.

A finales del pasado año la policía arrestó a 13 personas, muchas de ellas ginecólogos y anestesistas, en una seriede redadas contra clínicas acusadas de realizar abortos ilegales, en algunos casos en avanzado estado de gestación.