Basescu cree que la situación irregular de los rumanos puede convertirse en una bomba

El presidente de Rumanía, Traian Basescu, ha afirmado hoy que la mano de obra que se ve obligada a trabajar en la economía sumergida a causa de la moratoria a la libre circulación de trabajadores rumanos impuesta por el Gobierno español corre el riesgo de convertirse en una "bomba de relojería".

Así lo ha manifestado Basescu en una comida organizada por el Fórum Nueva Economía, en la que ha incidido en que la solución a este problema no es restringir la libre circulación de sus connacionales, sino que el Ejecutivo español, con conocimiento de "todos los elementos", gestione la situación cooperando con el rumano.

Basescu, quien ha remarcado que la moratoria no beneficia a nadie, ha indicado que sería aconsejable legalizar a los rumanos que se encuentren en estado irregular para poder hacer un análisis del "excedente" real de mano de obra.

Así, ha abogado por cooperar con los gobiernos de otros países para tratar de compensar el déficit de mano de obra que ha desencadenado la diáspora de trabajadores rumanos.

Para lograr este objetivo, iniciará un proceso de debate entre cámaras bilaterales de comercio de Rumanía con varios miembros de la Unión Europea, aunque, en su opinión, sería beneficioso el levantamiento de todas las restricciones.

Basescu ha achacado el éxodo de trabajadores que sufre su país a la diferencias salariales entre Rumanía y otras naciones europeas, y ha responsabilizado de él tanto a los propios obreros como a los empresarios porque "no hacen nada para corregirlo".

El mandatario rumano no ha desaprovechado la oportunidad de reafirmar su apoyo sus compatriotas en España y ha deseado que se les empiece a tratar como ciudadanos europeos de pleno derecho. "Rumanía no puede convertirse en una cárcel para sus propios ciudadanos", ha zanjado.

Basescu se ha mostrado crítico con el Gobierno italiano de Romano Prodi, que aprobó un decreto para deportación de ciudadanos comunitarios por "motivos de seguridad después de que un rumano asesinara a una mujer italiana.

A su juicio, imponer este tipo de medidas no corresponde sino a los tribunales, por lo que ha declarado no tener "ninguna sintonía" con esta iniciativa del Ejecutivo transalpino.