El Banco de España propuso un ERE en el cierre de oficinas

En las últimas dos semanas, tanto Alfredo Sáenz como Ángel Cano, consejeros delegados del Santander y BBVA, respectivamente, han presumido del coste cero para el Estado de los procesos de prejubilación efectuados por sus entidades en los últimos años. Una costumbre de la banca que, sin embargo, el Banco de España quiso sortear en el proceso de cierre de siete sucursales, adoptado por la comisión ejecutiva de la entidad supervisora el pasado 15 de marzo y que se hará efectivo el próximo 1 de junio. A partir de esa fecha, las sucursales de Ceuta, Melilla, Logroño, Pamplona, San Sebastián, Santander y Toledo cesarán sus operaciones, que, entre otras, comprende el canje de pesetas por euros, la recogida de billetes falsos, la suscripción de deuda pública o las quejas sobre los bancos y las cajas.

La institución que encabeza Miguel Ángel Fernández Ordoñez, en pleno anuncio del Gobierno de que no permitirá a las grandes empresas en beneficios cargar sus ajustes laborales al Estado (en respuesta al recorte de plantilla anunciado por Telefónica), apeló al ERE para prejubilar a parte de la plantilla (26 trabajadores) afectada por la supresión de estas sucursales, lo que repercutiría en las arcas publicas. "El Banco de España promovió la figura del ERE, como lo están haciendo las cajas, para que sus trabajadores se fueran dos años al paro", aseguran fuentes conocedoras de la negociación.

"Al final prosiguen las mismas fuentes se dieron cuenta de que estaban pidiendo una amoralidad cuando son una institución que, como Telefónica, tiene beneficios [más de 300 millones el pasado ejercicio]". Junto a este cambio de opinión de la institución, los trabajadores hicieron patente su malestar ante la posibilidad de tener que cobrar al paro después de, en algunos casos, más de 30 años en la entidad.

Si el año pasado el Banco de España, según confirman desde la propia entidad, jubiló a un gran número de trabajadores que superaban los 60 años, en este proceso están afectados los empleados que hayan cumplido 55 años antes del próximo 31 de julio o aquellos que tengan esa edad a 31 de diciembre de 2013, fecha en la que se cierra el proceso de reestructuración.

En 2002, el Banco de España clausuró un total de 30 oficinas. Con el cierre de estas siete sucursales, la institución mantiene otras 13 oficinas, además de la sede central de Madrid. Algunas de ellas, según estiman los sindicatos, pueden ir desapareciendo en el medio plazo por su falta de operatividad. Tras este ajuste, la plantilla actual de la entidad suma 2.700 trabajadores, con una media de edad que supera los 48 años. Por esta razón, en la negociación del cierre de estas oficinas, se le planteó al Banco de España la posibilidad de realizar un mayor número de prejubilaciones.

El organismo se negó aduciendo que la institución no podía desprenderse de personal porque "era necesario" para completar el actual proceso de reestructuración que están viviendo las cajas de ahorro. "El Banco de España enfatizó la valía de la gente veterana de la entidad en el actual proceso", aseguran diferentes fuentes. Un comentario que se comparte desde el sector financiero. "Afortunadamente, mantenemos en plantilla a gente de más de 50 años que ya ha vivido otras crisis y sabe cómo afrontarlas", aseguraban la semana pasada desde un gran banco español.

Al igual que constata en su último boletín económico, el Banco de España no incentiva "activamente" las prejubilaciones. Precisamente, en este estudio, la entidad supervisora asegura que "parece que de momento" las empresas no han acudido masivamente a las jubilaciones anticipadas para ajustar sus plantillas por la proliferación de contratos temporales y el despido improcedente en 48 horas que permitía la reforma laboral de 2002. Esta es una de las explicaciones que el supervisor esgrime para explicar cómo la tasa de actividad de las personas de más de 55 años no ha dejado de crecer durante la crisis, pese a que la tasa de desempleo supera el 20%.

¿En qué consiste una prejubilación?

El trabajador sale de la empresa a partir de una determinada edad, habitualmente algo por encima de los 50 años, y sigue percibiendo la mayor parte del salario que recibía mientras trabajaba hasta que se jubila a los 65 años. La empresa continúa abonando su sueldo y sus cotizaciones sociales. En la mayoría de las ocasiones, las prejubilaciones se hacen a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), lo que supone que el trabajador va dos años al paro, con el consiguiente ahorro para la empresa y sobrecoste para las arcas públicas. Los bancos, y hasta hace poco las cajas, son de los pocos que no enviaban a la plantilla al paro y cargaban con todo el coste.

¿En qué beneficia a una empresa?

La empresa paga el primer año todos los costes de las prejubilaciones, los resta de sus beneficios y a partir de ahí su cuenta de resultados se queda mucho más ligera. Se quita de en medio a los empleados más costosos, que son los que más años llevan en la empresa, tienen más derechos adquiridos y más pluses, y a cambio contrata (si lo necesita) a gente más joven, más barata y con menos derechos. Además, los expertos destacan que los nuevos empleados son más manejables porque están menos resabiados que los que se van.

¿Cuál es la ventaja del trabajador?

En algunos casos, que hasta han acabado en los tribunales, el trabajador no quiere dejar la empresa y le presionan para que acepte la prejubilación. Cuando esto ocurre, no hay ventajas. Sin embargo, para los que sí quieren prejubilarse, el beneficio principal es que dejan de trabajar y siguen cobrando la mayor parte de su salario y en ocasiones incluso más.

¿Cómo se puede cobrar más tras prejubilarse?

Por un efecto fiscal, el ingreso neto para el trabajador puede ser mayor que el sueldo que cobraba en activo. La mayoría de las prejubilaciones incluyen la indemnización por despido, que está exenta de tributar hasta 45 días por año, con un máximo de 42 mensualidades (3,5 años de sueldo). Eso provoca que el tipo efectivo al que tributa como prejubilado baje considerablemente, con lo que en muchas ocasiones (sobre todo cuando se percibe más del 80% del salario) se cobre más por no ir a trabajar. Para alguien que se prejubile a los 55 años (le quedan diez hasta la jubilación), el tipo del IRPF bajaría del 43% al 28%, ya que le estarían rebajando un 35% la cuota.

¿Cuál es el coste para el Estado?

Las prejubilaciones suponen un coste para el Estado, ya que en la mayoría de los casos los prejubilados van dos años al paro. Así, la Seguridad Social tiene que abonarles hasta 1.398 euros de prestación mensual, más sus cotizaciones. En el resto de años hasta la jubilación, las cuotas sociales las paga la empresa, pero son menores a las que abonaba cuando estaban en activo. En ocasiones, y una vez agotados esos dos años de paro, la Seguridad Social abona un subsidio de 426 euros al mes. El resto, hasta completar el salario pactado, lo abona la empresa. Esos elevados costes han llevado al Gobierno a intentar penalizar las prejubilaciones.