“El sistema financiero español es un árbol sólido. Pero puede que necesite alguna poda, que alguna rama seca se sanee. Si lo hacemos con disciplina, el sistema saldrá reforzado”. Con este símil botánico resumió ayer Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), su diagnóstico sobre la situación del sector. Martín, como hace quince días en el Parlamento, insistió en que las soluciones a una eventual crisis bancaria deben ser “como se han venido haciendo”, a través del Fondo de Garantía de Depósitos y la tutela del Banco de España, y que las inyecciones de capital “no deben ser un regalo”.

El presidente de la AEB, que abrió unas jornadas sobre el sector financiero, afirmó que “no hay ningún riesgo catastrófico a la vista” y que el Ministerio de Economía y el Banco de España saben “perfectamente” cuál es la situación del sector y tienen “perfecto conocimiento” de cómo resolverla.

En términos similares se expresó luego el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, quien también abogó por “no apartarse de la tradición” de un modelo de intervención “que ha funcionado bien”. Solbes explicó que el Gobierno mantiene contactos con los grupos parlamentarios, especialmente PP y CiU, para analizar “si tiene sentido” una hoja de ruta que detalle cómo serán los eventuales procesos de recapitalización.

A este respecto, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, aseguró que su grupo apoyará los planes del Gobierno de rescate bancario con recursos públicos “siempre y cuando ajuste el gasto público y deje de hacer otras cosas como el pago de 1.200 millones a Andalucía o el incremento de la financiación a Catalunya”.

Por su parte, José Luis Malo de Molina, del Banco de España, adelantó, en las mismas jornadas, que el crédito “mostrará tasas de crecimiento nulas o negativas en pocos meses”.

Respiro para España. El déficit público deberá bajar del 3% en 2012, un año más tarde de lo inicialmente previsto. Hasta el momento, tanto Solbes como el comisario Almunia habían anunciado 2011 como fecha límite para que el déficit quedase de nuevo por debajo del 3%, pese a que en ese año las previsiones del Gobierno señalan que las cuentas públicas tendrán todavía un déficit del 3,9%. España deberá explicar en seis meses las medidas concretas que adoptará para cumplir con el nuevo plazo.