El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantendrá las exigencias de cumplimiento de los 'requisitos de autorización vigentes' para la planta nuclear de Garoña como si estuviese operativa.

La propietaria de la central, Nuclenor, anunció el cese de actividad por razones económicas a finales de 2012 después de conocer que tendría que hacer frente al pago de 153 millones de euros en impuestos tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética aprobada por el Gobierno.

El CSN, a través de un comunicado, responde ahora a Nuclenor sobre el cese de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña, ubicada al norte de la provincia de Burgos, para indicarle que a efectos jurídicos sigue abierta y por tanto, deberá seguir pagando como tal.

La declaración de 'cese de explotación' es competencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe del CSN, de forma que la comunicación efectuada por Nuclenor el 28 de diciembre 2012 'debe entenderse como una puesta en conocimiento de cese material de la operación y de la intención de cesar en la explotación'.

En este sentido, considera que hasta que el Ministerio no declare el cese, éste no tendrá efectos jurídicos, por lo que el titular de la explotación seguirá sujeto a los requisitos de la autorización vigente, sin 'ningún cambio jurídico en la situación de la planta'.

El pleno del CSN ha acordado, en su reunión de hoy, que la Secretaría General eleve en el plazo de dos meses un informe sobre el cumplimiento de los límites y condiciones impuestos en la autorización de explotación vigente a la central, así como de las Instrucciones Técnicas Complementarias asociadas a la explotación y a las pruebas de resistencia y los compromisos del titular de Garoña, tras la parada y descarga del combustible del reactor efectuada en diciembre.

El CSN ha aprobado también establecer, hasta que finalice el permiso de funcionamiento de Garoña el 6 de julio de este año, un programa de refuerzo de la vigilancia de la piscina de almacenamiento de combustible de la instalación y de la situación de los recursos humanos, con especial seguimiento del Plan de Adaptación del Personal, hasta que se produzca la declaración de cese definitivo de explotación que se establece en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.