La Audiencia Nacional investigará a la familia Botín por fraude fiscal

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos hijos, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse, entre las que estaban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.

A petición de la Agencia Tributaria, los doce miembros de la familia Botín procedieron a regularizar su situación fiscal presentando declaraciones complementarias con las rentas de las que eran titulares "trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias" vinculadas a ellos.

Sin embargo, en la información remitida por Hacienda a Anticorrupción el pasado 13 de mayo por la existencia de indicios de delito, la Delegación de Grandes Contribuyentes señaló que "en las actuaciones de comprobación realizadas hasta la fecha, destinadas a la verificación objeto de regularización en las declaraciones complementarias presentadas, no ha podido determinarse si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces".

Aunque esas comprobaciones no han concluido, Anticorrupción se ha visto obligada a presentar la denuncia contra Botín, sus cinco hijos, su hermano Jaime y sus otros cinco descendientes porque el análisis de las declaraciones correspondientes a 2005 prescribía el próximo 30 de junio.

El Ministerio Fiscal recuerda que, en el caso de que las regularizaciones practicadas sean "completas y veraces", procederá el archivo de las actuaciones y la ausencia de persecución penal contra los miembros de la familia Botín, en virtud del artículo 305.4 del Código Penal (que establece que "quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria").

En un auto publicado hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, se considera competente para investigar la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, dada la "entidad, gravedad y complejidad" de los hechos y el "elevado número de denunciados".

Andreu recuerda que "la propia Agencia Tributaria manifiesta su incapacidad para analizar toda la información facilitada en plazo, dada la extensa documentación aportada, la cantidad de entidades intervinientes, la dificultad para proceder a su identificación (...), la complejidad de las estructuras patrimoniales (...) creadas al socaire de los hechos investigados, al no fácil seguimiento de éstas a lo largo del tiempo, así como de los distintos activos y cuentas corrientes vinculados a aquellas".

Como las declaraciones complementarias presentadas exceden en algunos ejercicios los 120.000 euros, el juez entiende que "cabría la posibilidad de que hubiera podido cometerse un delito contra la Hacienda Pública", aunque recuerda que Anticorrupción ha interpuesto la denuncia "a prevención de que la regularizacion practicada por los denunciados no fuese correcta".

"Lo cierto es que se produjo una regularización, mediante declaraciones complementarias extemporáneas que podrían suponer el reconocimiento de un incumplimiento de las obligaciones tributarias", que "podría no ser punible desde un punto de vista penal" por el artículo 305.4 del Código Penal, señala Andreu.

Por ello, el juez de la Audiencia Nacional considera que lo primero que hay que investigar para saber si puede continuar la causa contra la familia Botín son "qué conductas aparecen como exigibles a cada uno de los denunciados a fin de regularizar o de poner en orden su situación tributaria".

Las comprobaciones serán realizadas por dos responsables de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria (Mariano Cuesta y Mercedes Llacer-Fernández).

El caso HSBC, que se originó cuando un extrabajador del banco entregó documentación confidencial a las autoridades francesas de presuntos evasores fiscales, ha llevado a la Agencia Tributaria a investigar a 659 contribuyentes (2 personas jurídicas y 657 físicas) que tenían más de 3.000 cuentas en Suiza, en las que podría haber entre 6.000 y 8.000 millones de euros.