La Audiencia Nacional acusa a Díaz Ferrán de defraudar 99 millones a Hacienda

La Audiencia Nacional acusa a los antiguos propietarios de Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, de defraudar 99 millones de euros a la Hacienda Pública, correspondientes al impuesto de sociedades de la aerolínea correspondiente al ejercicio 2001-2002, dentro de la investigación abierta por el caso Aerolíneas Argentinas, según el auto dictado ayer, miércoles.

El juez Eloy Velasco rebaja así a un solo delito las acusaciones formuladas contra ellos, además de contra el exdirector general de la aerolínea Antonio Mata, dentro de la causa abierta por las presuntas irregularidades en la compra y privatización de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet en 2001.

El juez concluye que no existen indicios suficientes para mantener la acusación por presunta apropiación indebida de 246 millones de dólares (175 millones de euros) procedentes de lo aportado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para cubrir las deudas de la compañía argentina. Tampoco considera que existan delitos de falsificación documental y estafa procesal.

El auto reconoce que la privatización de Aerolíneas Argentinas era "compleja y transnacional" y que "posiblemente se pudo llevar de otra forma", ya que "costó al Estado español unos 2.000 millones de euros".

Sin embargo, el juez concluye que "salvo lo indicado respecto de la elusión dolosa de la tributación por el impuesto de sociedades respecto de Air Comet, no infiere intencionalidades delictivas, teniendo en cuenta que no hubo descapitalizaciones, aunque la culminación de los aportes se cumplió cuatro años después de lo comprometido".

Asimismo, Velasco da un plazo de diez días al Ministerio Fiscal, al abogado del Estado y a las acusaciones particulares para que formulen sus respectivos escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, así como nuevas diligencias de investigación.

En 2003, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar la actuación de Air Comet, propiedad de la empresa turística Marsans, en el concurso de acreedores declarado por Aerolíneas Argentinas, tras la compra, cerrada en octubre de 2001, por el consorcio formado por Air Comet, la SEPI, Spanair y la sociedad Air Plus. La querella la presentaron los interventores judiciales que tramitan la suspensión de pagos de la compañía.

Los interventores acusaban a los antiguos gestores de Air Comet de utilizar los 300 millones de dólares (213 millones de euros) aportados por la SEPI para amortizar pasivos en el concurso y de dejar de pagar a Hacienda 99 millones de euros por parte de Air Comet y 7,5 millones por parte de la sociedad Romana Playa.

Con esta operación, Air Comet y la sociedad Royal Romana Playa —vinculada a Antonio Mata— habrían adquirido el 90% de las deudas concursales de Aerolíneas Argentinas en diciembre de 2002, con la finalidad de controlar la mayoría de los derechos de voto dentro de la suspensión de pagos.

El proceso concursal de Aerolíneas Argentinas terminó con una quita del 60% de la deuda en perjuicio de los restantes acreedores y de los accionistas minoritarios. Air Comet se declaró en quiebra el 22 de diciembre de 2009 y Marsans entró en concurso de acreedores en junio de 2010.