La Audiencia Nacional abre una causa contra dirigentes políticos chinos por los disturbios del Tíbet

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha cursado una comisión rogatoria a China con la intención de interrogar como imputados a ocho responsables políticos y militares del actual Ejecutivo chino -entre ellos tres ministros- por su actuación en los disturbios registrados en Tíbet en marzo de 2008.

En una providencia, el magistrado requiere a estos dirigentes que manifiesten si desean prestar declaración ante su juzgado o a través de una comisión rogatoria española -encabezada por el propio magistrado- ante un tribunal chino y asistidos por un letrado.

Los ocho querellados son: el ministro de Defensa, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang; el ministro de Seguridad Pública Meg Jianzhu; el secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli, y el miembro del Politburó en Pekín Wang Lequan.

La investigación también afecta al líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.

Tres días antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Pekín (el 5 de agosto de 2008), Pedraz admitió a trámite la querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa contra estos dirigentes chinos como presuntos autores de un delito de lesa humanidad por dirigir desde el 10 de marzo de ese año un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana".

El juez sostiene que la Justicia española es competente para la investigación de estos hechos -que causaron 203 muertes, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos- porque podrían ser constitutivos de un crimen contra la humanidad y, en concreto, de lesa humanidad, "dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención (...) con infracción de las normas internacionales (...) y las torturas".

Además, Pedraz destaca que la población tibetana es un grupo o colectivo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

La semana pasada el juez concluyó la última tanda de tomas de declaraciones a testigos que han comparecido ante él para relatar sus experiencias, entre los han acudido el disidente político chino Wei Jingsheng, el periodista Jonathan Mirsky o el tibetano Takna Jigme Zangpo.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tiene abierta desde 2006 una causa en la que investiga el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los ochenta y de los noventa. La Audiencia Nacional se declaró competente el 10 de enero de 2006 para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pudiera ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional.