El Gobierno de Mariano Rajoy no destinará en 2013 ni un sólo euro a memoria histórica . Un golpe económico que pone fin a las subvenciones que recibían las asociaciones de víctimas del franquismo para localizar las fosas comunes y dar un entierro digno a sus familiares. La noticia, sin embargo, no ha sorprendido a nadie. “Es una noticia esperada. La crisis económica supone la excusa perfecta para eliminar las subvenciones sin un coste político. El motivo, no obstante, no es económico sino ideológico”, denuncia Emilio Silva, presidente de la presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Hace apenas unos meses, en los primeros Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Mariano Rajoy, la partida de memoria ya sufrió un recorte del 59,7% . El Gobierno dedicó entonces 2,5 millones de euros  a las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura rechazando financiar otro tipo de proyectos relacionados con la Ley de Memoria Histórica, como investigaciones, documentales, etc. Ahora, el recorte es total. La búsqueda y la exhumación de los más de 80.000 cadáveres que quedan enterrados en las cunetas tendrá que financiarse con los ahorros de las familias.

Las asociaciones de memoria aseguran que esperaban esta medida bajo la excusa de la crisis“Era de esperar la desaparición de la partida. El Partido Popular no quiere ni oír hablar de memoria histórica. Los que hicieron estas barrabasadas que acabaron con miles de personas en las cunetas fueron sus abuelos, quieren cerrar el tema cuanto antes”, denuncia José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, quien señala que seguirán peleando para reabrir las fosas y conseguir la ayuda de comunidades autónomas y ayuntamientos.

La eliminación de la partida destinada a memoria histórica no cambia ni un ápice las intenciones y proyectos de las diferentes asociaciones, según aseguran sus representantes. Así, Cecilio Gordillo, presidente de la asociación Memoria Histórica y Justicia, asegura que la lucha de su asociación y el trabajo que realizan exhumando fosas no va a terminar “de ninguna manera”.

“Están locos si piensan que se va a acabar porque dejen de ayudarnos. Ese ha sido un argumento estúpido de la derecha mediática que nos acusaba de aprovecharnos de las subvenciones. Seguiremos trabajando por encontrar a los represaliados”, advierte Gordillo.

El mismo ánimo de Gordillo se advierte en Emilio Silva, presidente de la presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y José María Pedreño, presidente de la  Federación Estatal de Foros por la Memoria. “Cuando comenzamos las exhumaciones con un tratamiento científico gobernaba España José María Aznar que nos dio ni un sólo euro. Por aquel entonces hicimos las cosas sin dinero y ahora volveremos a hacerlo tirando de voluntarios”, asegura Pedreño.

'Seguiremos con las exhumaciones con o sin fondos', asegura Emilio Silva En este sentido, Silva recuerda que su asociación comenzó a exhumar fosas en el año 2000 y no fue hasta 2007 cuando recibió las primeras ayudas, por lo que este golpe no va a provocar el fin de sus trabajos. “El año en el que más exhumaciones hemos realizado fue el 2003 y en Castilla y León, que no nos ayudó en nada. Fue la sociedad civil quien organizada y con la ayuda desinteresada de arqueólogos y forenses los que lo llevaron adelante el trabajo. Volveremos a esa metodología que en el fondo nunca hemos abandonado”, asegura Silva.

El pasado 24 de agosto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría leyó un comunicado al término del Consejo de Ministros en el que mostraba su apoyo y rendía homenaje a “las víctimas, los defensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y otras personas y grupos que trabajan para denunciar los casos de desaparición forzada y erradicar esta práctica”.

Apenas un mes después de este comunicado, el mismo Gobierno elimina la partida para encontrar a las víctimas de desapariciones forzosas en España. “Es un insulto hacia nosotros. Leen un comunicado de homenaje y después retiran los fondos. Es un ejemplo de la política del Gobierno: decir una cosa y hacer la contraria. Un Gobierno democrático no puede tener víctimas de primera clase y víctimas de segunda”, denuncia Silva.